El Gobierno busca mantener el gasto récord en Presupuestos con los fondos europeos

Estas serán, según indican desde el Ejecutivo, las cuentas de la recuperación. Y fuentes consultadas explican que el tradicional 'tira y afloja' está ahora centrado en los dos socios de coalición, con Podemos forzando la máquina para que el techo de gasto se mantenga (en términos absolutos) en los máximos alcanzados el pasado año, cuando superó los 196.907 millones de euros.

El movimiento fue indispensable para hacer frente al coste de la pandemia y que la formación morada quiere asegurar para que la nueva hoja de ruta incluya el coste de mantener algunas de las iniciativas sociales ya aprobadas durante la pandemia, sumando nuevas propuestas como la ampliación a seis meses del permiso de maternidad y paternidad.

Los economistas consultados coinciden en que el techo de gasto que el Ejecutivo aprobará en las próximas jornadas mantendrá su formato 'expansivo'. Pero hay que tener en cuenta que el objetivo de Hacienda es ir reduciendo la brecha entre ingresos y gastos para llegar con las cuentas lo más equilibradas posible a 2023, cuando volverán las reglas fiscales de Bruselas. Por eso, los fondos europeos son clave para mantener el nivel de gasto. Si todo va según lo previsto, a España llegarán en 2022 otros 18.000 millones de euros en dos tramos (con el mayor desembolso en junio con 12.000 millones), que se deben incluir en las cuentas para reflejar las partidas que corresponden a cada hito comprometido con la Comisión Europea.

Pese a la buena noticia que supone contar con ese dinero para los Presupuesos, el Estado debe ir pensando en el equilibrio fiscal con unos niveles de déficit y deuda que suponen una losa muy pesada para la recuperación. De ahí que se espere que el Gobierno intente acercar los niveles de gasto a los de ingresos apoyándose en las partidas europeas.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha explicado que los Presupuestos para 2022 irán en línea con las orientaciones de política presupuestaria presentadas por la Comisión Europea, en cuanto a apoyo a la recuperación, «evitando una retirada prematura de los estímulos y haciendo pleno uso de la financiación europea». Después, y a medida que las condiciones lo permitan, la política presupuestaria «se reorientará hacia posiciones fiscales más prudentes que reafirmen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo».

Pero cuidado. En una reciente intervención, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, estimó que cerca de un 40% del gasto asociado a la crisis (medidas de ayuda y costes sanitarios) será estructural una vez superada la pandemia. La estimación es que, con ese telón de fondo, el gasto público se mantenga sobre el 42,7% del PIB en 2024. Una cifra que para ese año tendrá que convivir con un déficit estimado en el Plan de Estabilidad del 3,2%. Y una deuda pública que, pese a bajar del 120% actual, aún rondará el 112% para entonces.

Según los economistas consultados, mantener el gasto en los niveles actuales requerirá, sin duda, de una mayor recaudación para mantener el equilibrio. «Eso puede llegar por dos vías, o bien mediante el crecimiento del PIB, o bien mediante la subida de impuestos», explica Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas.

Desde el Gobierno insisten en que los cambios tributarios que traerá la reforma fiscal (con los que se pretende disminuir la brecha impositiva con la media europea, de unos 7 puntos del PIB) no serán inmediatos. Pero los expertos no descartan pequeños retoques en las cuentas del próximo año.

En este punto, Podemos también estaría presionando para incluir parte de la reforma fiscal que se aprobará el próximo año dentro de los Presupuestos. Teniendo en cuenta que esa reforma buscará favorecer la progresividad del sistema tributario, para que quienes más ingresen paguen más sobre su renta, todo apunta a que la revisión se centrará en figuras como patrimonio, sucesiones y donaciones y, de forma más inmediata, en Sociedades. Sobre todo tras el reciente acuerdo en la OCDE para imponer un impuesto mínimo global a las multinacionales.