El rechazo del PDeCAT a subir el IRPF complica la negociación presupuestaria

La ministra de Hacienda, María José Montero. / EP

Hacienda contempla un incremento del impuesto a partir de los 150.000 euros anuales y el PP avisa del riesgo de tocar la política económica

Nuria Vega
NURIA VEGAMadrid

La iniciativa está sólo en fase de estudio. Pero si el Gobierno impulsara finalmente junto a Podemos una subida del IRPF para las rentas más altas, podría toparse con dificultades en el Congreso. La heterogénea mayoría que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa no conforma un bloque estable para toda la legislatura. Y el portavoz del PDeCAT en la Cámara baja, Carles Campuzano, ya avanzó este jueves que su formación no es partidaria de un incremento de impuestos.

La propuesta que explora el Ministerio de Hacienda pasa por una subida del IRPF para las rentas superiores a los 150.000 euros anuales. Eso es, al menos, lo que el Gobierno está dispuesto a negociar con Podemos en sus conversaciones para desbloquear los Presupuestos de 2019. Fuentes gubernamentales trasladaron el miércoles que así se le hizo llegar a la formación de Pablo Iglesias en un encuentro de más cuatro horas. Y este jueves lo confirmó la responsable de las cuentas del Estado.

María Jesús Montero incidió en que el hipotético incremento del IRPF no afectaría en ningún caso «ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras». «Nuestro compromiso es que no se les va a subir ni un céntimo de euro», reforzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia durante su visita oficial a Colombia, donde sí defendió avanzar en una «fiscalidad justa». Lo que no contempla el Ejecutivo es aumentar la presión sobre aquellos que ganan más de 60.000 euros anuales, como proponía Podemos.

Hasta ahora el Gobierno se había resistido a tocar el IRPF, aunque el cambio de postura limita la posible subida al tramo más elevado. Esto, según el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, afectaría a 90.788 contribuyentes y supondría una recaudación de 400 millones de euros más al año. Y, por tanto, a juicio del PDeCAT, se trata de una medida «simbólica».

Los mismos técnicos cifran en 22.123 los declarantes que superan en Cataluña los 150.000 euros anuales. Es, de hecho, la segunda comunidad, por detrás de Madrid, que más contribuyentes concentra en ese tramo. La formación independentista cree, en todo caso, que hay propuestas más efectivas y defiende reforzar la lucha contra el fraude fiscal. «En España -argumentó este jueves Campuzano- hay demasiados ricos que no pagan y demasiada economía sumergida».

En realidad, el PDeCAT está a la espera de que el Gobierno aclare su planteamiento, porque hasta ahora no ha mantenido ningún contacto con Hacienda sobre los Presupuestos. Los diputados catalanes admiten que «no todo» lo que han escuchado este verano de posibles pactos entre el Ejecutivo y Podemos les gusta y aprecian una política fiscal «dispersa e inconexa». Pero les falta concreción. «No hay interlocución con el Ministerio y así va a ser muy difícil», advirtió Campuzano.

Negociación parlamentaria

El aviso o la llamada a negociar del PDeCAT es trascendente, porque el Gobierno necesita sumar sus votos para salvar las cuentas en el trámite parlamentario. «La mayoría está complicada», insistió el portavoz de la formación secesionista. Según Campuzano la crisis catalana también dificulta el «diálogo político normal». Y el Ejecutivo no puede permitirse perder efectivos si quiere sostener su proyecto.

Ni Ciudadanos ni el PP respaldan la subida del IPRF. Los populares creen que se van a incrementar «todos» los impuestos y que se «inventarán» algunos, como el que gravaría las transacciones financieras.

Pablo Casado rechazó el aumento que ve generalizado por «insolidario» e «innecesario». «No puede ser -denunció- que cada vez que gobierne el PSOE haya más impuestos, que conducen a menos crecimiento, a más despilfarro y a más paro. Y, como esto lo conocemos porque lo hemos sufrido en el 95 y en 2011, avisamos». Es más, reclamó a Sánchez que no «enmiende el camino emprendido por el PP» porque la economía, insistió, puede acabar cayendo.

El incremento solo afectaría a 91.000 contribuyentes

LUCIA PALACIOS | MADRID

Ni siquiera llegarían a 100.000 los trabajadores que se verían afectados por la hipotética subida del IRPF a las rentas que superen los 150.000 euros anuales, en el caso de que finalmente sea una de las medidas que contemple el pacto del Gobierno con Podemos.

Esto significa que el impacto es tan mínimo que tampoco lograría alcanzar ni al 0,5% de los declarantes. Y, por ende, lo que se busca, que es una mayor recaudación con el objetivo de llevar a cabo más medidas sociales, también sería algo anecdótico: unos 400 millones de euros más para las arcas públicas, según los cálculos difundidos este jueves por el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Y es que de los más de 19,6 millones de contribuyentes, apenas 91.408 declaran unos ingresos anuales superiores a los 150.000 euros, lo que supone un 0,46%, según datos de la Agencia Tributaria de 2016. Los afectados deberían pagar cada año una media de 4.400 euros más, lo que se traduciría en un incremento de su factura fiscal del 2,1%. Cabe resaltar que el mayor número de perjudicados estaría en Madrid y en Cataluña; dos de cada tres afectados residen en estas dos regiones.

Pero el escaso efecto recaudatorio que implicaría esta medida podría aumentarse en otros 1.500 millones si se alcanzara un acuerdo para equiparar la tributación de las rentas del ahorro con la de la renta general para quienes perciban rendimientos del capital de más de 50.000 euros e ingresen rentas totales por encima de los 150.000 euros, otro de los asuntos que están encima de la mesa en las negociaciones. En este caso, afectaría únicamente al 0,44% de los perceptores de las mayores rentas del capital, un total de 86.198 personas, que tendrían que afrontar un pago adicional de unos 17.300 euros, lo que supondría un aumento del 15,7%, según las estimaciones realizadas por Gestha.

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