Las brechas entre comunidades autónomas en Sucesiones, Donaciones y Patrimonio

Tal es así que lo que se paga al fisco en concepto de Sucesiones, ante una herencia de 800.000 euros de los que 200.000 euros correspondan a la primera vivienda, puede oscilar entre los 0 euros y los 100.000 según la autonomía en la que residiera el fallecido. De este modo, un hijo soltero de treinta años pagaría 103.135,48 euros si su progenitor tenía su residencia en Asturias, mientras que si vivía en Galicia, Cantabria y Andalucía, el heredero tributaría cero euros.

Entre estas dos cifras, entre los cero euros y los poco más de 100.000 euros, hay un amplio abanico de importes: en Madrid, Extremadura y Murcia, esa misma persona de 30 años e hija del fallecido con una herencia de 800.000 euros pagaría alrededor de 1.500 euros, mientras que en Castilla y León la factura fiscal sería de alrededor de 80.000 euros y en Valencia y Aragón, de 63.000 y 55.000 euros, respectivamente.

El diferencial es aún más amplio en Donaciones. Si Sucesiones se paga allí donde ha fallecido la persona, en el caso de este tributo se liquida allí donde reside el receptor. Así pues, si un padre dona 800.000 euros en efectivo a cada uno de sus tres hijos, a uno que viva en Castilla y León, a otro que resida en Canarias y a un tercero que tenga su domicilio fiscal en Cantabria, sus respectivas facturas ascenderían a 200.122,67 euros, 87.128,60 euros y cero euros, por ese orden.

En estos dos tributos también ha habido diferencias en cuanto a los cambios legislativos realizados en el último ejercicio. Así, en el caso de Sucesiones, en Canarias y en La Rioja, el impuesto ha subido. La cuota líquida para una herencia de 800.000 euros de los que 200.000 correspondieran a un inmueble, que en 2019 habría sido de 134,23 euros, en 2020 habría subido hasta los 31.748,63 euros, en el caso de Canarias; mientras que en La Rioja la factura se habría incrementado desde los 3.175,92 euros hasta los 32.342,86 euros de un año para otro.

En cambio, en Galicia, si en 2019 se habrían pagado 15.040 euros, en 2020 la factura se ha reducido a cero, para este caso concreto de un heredero de 800.000 euros.

En Donaciones, los dos últimos cambios en el último ejercicio han sido al alza. Y, de nuevo, en Canarias y La Rioja: para una donación de 800.000 euros en metálico, la cuota líquida pasaría de los 200 a los 87.128,60 euros en Canarias entre 2019 y 2020; y desde los 4.000 a los algo más de 51.000 euros en La Rioja también de un ejercicio para otro.

Ello se debe a que Canarias suprimió la bonificación general del 99,9% para el cónjuge, ascendientes y descendientes mayores de 21 años, haciéndola decreciente a partir de los 55.000 eruos, mientras que en La Rioja, que tenía reducciones del 99% o del 98%, pasa a tener sólo del 50% a partir de los 400.000 euros.

En Galicia, en cambio, se incrementó la reducción en Sucesiones de 400.000 a un millón de euros.

Con respecto a Patrimonio, volúmenes patrimoniales de 800.000 euros en los que no se tienen en cuenta los 300.000 euros exentos de la vivienda habitual, pagarían cero euros en Álava, Vizcaya o Madrid. En cambio, en Aragón por este concepto el titular de este patrimonio tendría que pagar al fisco 1.164,37 euros.

En Madrid, fortunas de cuatro y quince millones de euros tampoco pagan nada. Mientras que en Extremadura, la autonomía en la que más se grava el Patrimonio, fortunas de cuatro millones pagarán este año cerca de 60.000 euros, mientras que para las de quince millones la factura se acerca a los 420.000 euros.

La publicación de estas cifras tiene lugar justo cuando el Ministerio de Hacienda busca la armonización de estos tributos autonómicos. La ministra María Jesús Montero ha afirmado que va a incluir esta cuestión en su propuesta para el nuevo modelo de financiación autonómica, cuyo borrador se espera que esté listo en otoño. Aunque algunas comunidades, sobre todo aquéllas que tienen las facturas tributarias más bajas, como Madrid o Andalucía, se oponen a que sea así. En cambio, Asturias, Aragón, Valencia y Extremadura sí están alineadas con las intenciones mostradas por el Ejecutivo de reducción de la brecha impositiva entre unas autonomías y otras.

Según ha expresado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, la reforma de la financiación autonómica es «inaplazable». Pero respecto a la armonización fiscal que busca el Gobierno, considera que en Estados tan descentralizados como España es «normal» que surjan conflictos de este cariz y que cada autonomía se adapte a este contexto de competencia fiscal, si bien considera que ésta debe ser «lo más transparente posible, que complique lo mínimo la vida al contribuyente y a la economía».