Fernández Ordóñez evita la autocrítica en la gestión de la crisis financiera

“Las autoridades españoles deberían haber hecho cosas que no se hicieron”, ha explicado quien fuera máximo responsable del supervisor entre el 2006 y el 2012 en su intervención en la comisión de investigación del Congreso sobre el rescate de las cajas. Entre ellas señaló al gobierno de José María Aznar por “enorgullecerse de reducir el déficit público” a base de un endeudamiento privado elevado. Así, ha recordado que desde 1996 el crédito creció por encima del PIB hasta 2006 con una tasa por encima el 25% y que llegó al 40% en el sector inmobiliario.

En cualquier caso, el responsable del Banco de España ha explicado que los bancos españoles no tenían activos tóxicos, como en EE UU, sino activos inmobiliarios que se devaluaron por la mala situación económica. Por ese motivo, ha justificado que en la primera fase de la crisis financiera los grandes bancos españoles respondieron con solidez y ha limitado el problema a la cajas. Sin embargo, ha rechazado la afirmación del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de que España tenía el mejor sistema bancario del mundo, pero ha considerado que ha hecho “más daño” a la confianza de los mercados las declaraciones del PP al llegar a la Moncloa de que el sistema financiero “iba muy mal y lo tendrían que arreglar”.

Fernández Ordóñez también ha relativizado la carta que los inspectores del Banco de España enviaron al Gobierno en 2006 alertando del riesgo de la burbuja crediticia y la falta de actuación del organismo. En su opinión, ese aviso era correcto pero “llegó tarde” y además no alertaba de una crisis en el sistema bancario español.

Asimismo, el exgobernador también rechazó cualquier responsabilidad sobre la salida a Bolsa de Bankia, por la que estuvo investigado aunque finalmente la Audiencia Nacional le desimputó. En este sentido, ha destacado que el Banco de España sólo podía oponerse a la salida a Bolsa si consideraba que no era plausible el objetivo de capitalización, algo que consideraron correcto en el caso de Bankia.

También ha reprochado que no se aprobara una reforma de las cajas para adecuar su regulación a la de los bancos cuando empezaron a actuar como tal. En su opinión, se debería haber “cambiado el sistema de propiedad y de gobierno cortando su relación con las comunidades autónomas”. En este sentido, ha criticado con dureza que la gestión de las cajas no se guiaba por cuestiones meramente económicas, sino que había “otros intereses como mantener el poder, aumentar las prejubilaciones o dónde instalar la sede del banco”. Una cuestiones que a su entender dificultaron y ralentizaron los procesos de reestructuración de las cajas. Para salvar estos problemas defendió los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), las denominadas fusiones frías.

Fernández Ordóñez también ha reconocido que “España no estaba preparada para afrontar la crisis bancaria” por carecer de la legislación necesaria. En este sentido, ha señalado que fue necesario aprobar media docena de leyes para subsanar las deficiencias detectadas para reestructurar el sector financiero bajo la premisa de “utilizar la menor cantidad posible de fondos públicos” en ese proceso. Una circunstancia que, a su juicio, pudo ralentizar la salida de la crisis. Y es que aunque consideró una cifra importante los más de 40.000 millones de dinero público que el Banco de España considera que no se recuperarán, ha avisado que habría sido "más costoso" para la economía no haber inyectado ese dinero.

Asimismo, ha destacado que fue necesario aumentar los requerimientos capital de manera que desde 2007 a 2011 se incrementaron sus provisiones en 130.000 millones. El resultado de todo esta “reconversión industrial bancaria” es que hasta diciembre de 2011 desaparecieron dos bancos y 28 cajas.

Por último, el exgobernador del Banco de España ha advertido de que hay un elevado riesgo de repetir una crisis bancaria. En este sentido, ha señalado del peligro de que se exija tan poco capital a los accionistas de capital y ha defendido la necesidad de mantener la regulación bancaria y de los mercados financieros que propone Basilea III.