Garamendi afronta su reelección en la CEOE bajo la lupa de los empresarios críticos

No hubo aplausos ni abucheos, tampoco apoyos ni rechazos. Fue un preludio de que la carrera hacia su segundo mandato al frente de los empresarios españoles no iba a ser tan dulce como se esperaba y el malestar que había ido in crescendo en los últimos meses iba a enturbiar unos comicios que se veían como un mero trámite para conseguir revalidar por aclamación su cargo.

A partir de ese momento, el sector crítico, comandado por la patronal catalana, comenzó a moverse en busca de un candidato alternativo que plantara cara al actual líder. Encima de la mesa hay asuntos tan importantes que resolver como la subida salarial –incluido el salario mínimo–, las cotizaciones sociales y los fondos europeos. Pero los intentos resultaron infructuosos.

Los dos nombres que más sonaban, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, y el de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, se desmarcaron y rápidamente emitieron sendos comunicados de apoyo al actual presidente. El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, anunció que estaba valorando presentarse, pero finalmente desistió.

Cuando nadie ya pensaba que fuera a haber otro rival, una desconocida Virginia Guinda, una de las muchas vicepresidentas de la patronal catalana, dio un paso al frente y se proclamó por sorpresa candidata.

Nadie en la CEOE piensa que la empresaria catalana vaya a ganar, pero sus críticas y la escenificación del clima de división interna que hay en una parte de la patronal sí pueden erosionar en cierta medida a Garamendi.

El termómetro del malestar se medirá con los votos que concentre Guinda –por el momento tiene amarrados poco más de 50 de los cerca de 800 que se disputan– y el voto en blanco que se está promoviendo en cierto sector.

La inmensa mayoría de organizaciones han dado a Garamendi su apoyo oficial: todas las territoriales salvo Cataluña, Cepyme, ATA, sectores tan relevantes como el metal, los hosteleros, los seguros, la sanidad privada, la construcción, los concesionarios de automóviles... Incluso la patronal Anfac, que fue muy crítica con el apoyo de la CEOE a la reforma laboral, ofreció el pasado jueves su respaldo.

Sin embargo, el apoyo de una organización no significa que los miembros que la componen vayan a votar a favor. No existe disciplina de voto, el papel que va a las urnas es secreto y Guinda asegura que le está 'robando' muchos apoyos a Garamendi.

«La operación no es para que Guinda gane las elecciones, sino para que el voto de castigo contra Garamendi sea superior», sostiene un miembro de la ejecutiva de la CEOE. Lo que sí esperan es que sirva para frenar el deseo de Garamendi de cambiar los estatutos para poder presentarse a un tercer mandato.

La gran crítica que se hace a Garamendi, además de una cierta falta de transparencia, es que «se firma absolutamente todo», es decir, que están haciendo constantes concesiones al Gobierno sin tener en cuenta los intereses de las empresas, según revela una fuente a este periódico. El apoyo a la reforma laboral levantó ampollas, pero lo que consideran «imperdonable» fue firmar a inicio de la legislatura la subida del salario mínimo a 950 euros. «Se está pactando con un Gobierno comunista», denuncian.

Precisamente esta será una de las primeras cuestiones que se encuentre encima de la mesa el que salga elegido presidente: la nueva subida del salario mínimo para 2023. No obstante, salvo sorpresa, en esta ocasión se da por sentado que la CEOE no respaldará un nuevo alza, que previsiblemente podría oscilar entre los 1.050 y 1.100 euros.

Más probable será conseguir desatascar la negociación colectiva y cerrar con los sindicatos un nuevo acuerdo que fije la subida salarial de los trabajadores para los próximos años. Se podría pactar un alza entre el 3% y el 5% y aceptar cláusulas de revisión con la inflación «moderadas», de forma que no se compense el 100% de la desviación del IPC y que se permita más tiempo para recuperarlo, explica un miembro de la CEOE.

Tampoco se espera el sí de la patronal a la segunda fase de la reforma de las pensiones que se aprobará antes de final de año. Los empresarios se niegan a cualquier subida de las cotizaciones, mientras el Gobierno plantea elevar un 30% las cuotas de los trabajadores que más ganan. Y aún falta por saber si respaldarán el estatuto de los becarios.

Los otros dos grandes retos que tiene por delante es salir bien de esta crisis de precios y gestionar los fondos europeos y ser capaces de que lleguen a las empresas, principalmente a las pymes.