La Fiscalía de Tokio anuncia una nueva acusación contra Carlos Ghosn

Ghosn fue arrestado el 19 de noviembre en el aeropuerto Haneda de Tokio cuando salía de su jet privado. Su prolongada detención provisional ha motivado críticas al sistema judicial japonés.

Los medios de comunicación habían anunciado que Ghosn permanecería detenido hasta finales de año, o incluso hasta más tarde, pero un tribunal de Tokio rechazó el jueves prorrogar la detención provisional del dirigente, de 64 años, rechazando la apelación de la Fiscalía.

Parecía que su puesta en libertad bajo fianza era inminente, pero no contaba con la insistencia del Ministerio Público, furioso según la prensa de haber sido contradicho un día antes. De esta manera, la Fiscalía decidió volver a detenerlo, obteniendo 48 horas más para interrogarlo sobre la nuevas sospechas, en esta ocasión de abuso de confianza de la empresa. La duración de esta detención podría ampliarse durante más días.

Según un comunicado de la Fiscalía, Carlos Ghosn es sospechoso de haber «fallado a su función de presidente y de haber provocado un perjuicio a Nissan». En concreto, le recrimina tener «impunidad en las cuentas de la sociedad de pérdidas de inversiones personales», algo que él niega, según la cadena de televisión pública NHK.

De momento, el empresario franco-libano-brasileño fue acusado el 10 de diciembre de haber omitido declarar a las autoridades bursátiles unos 5.000 millones de yenes (44 millones de dólares) de ingresos entre 2010 y 2015. Su brazo derecho, Greg Kelly, también fue inculpado.

La detención de los dos hombres se prolongó por las sospechas de disimulación de ingresos entre 2015 y 2018 por un monto de 4.000 millones de yenes (34,8 millones de euro).

Durante las comparencias ante la justicia, Ghosn habría reconocido que firmó documentos que mencionaban pagos que él debía percibir cuando abandonara Nissan pero él asegura, según la prensa, que estos montos no estaban establecidos de forma definitiva y que por ello no había que incluirlos en los informes públicos de la empresa.

Para Carlos Ghosn, quien se encuentra desde su arresto en un centro de detención del norte de Tokio, se abre una tercera etapa en el frente judicial, lo que podría alimentar las críticas ya realizadas a la justicia japonesa. «El sistema penal japonés quedó en evidencia ante el extranjero. No es lo mejor de Japón. No es algo bueno para el mundo de los negocios», comentó a AFP Lionel Vincent, del colegio de abogados de Tokio. «A los dirigentes extranjeros les sorprende la brutalidad del procedimiento y temen verse atrapados por unas reglas que no conocen y un sistema que no controlan», añadió.

Entre tanto, la alianza Renault-Nissan está en medio de la tormenta. Los fabricantes japoneses Nissan y Mitsubishi Motors destituyeron a Ghosn de presidente de sus consejos de administración, mientras que el grupo francés Renault lo mantiene en el cargo.

Por su parte, Nissan se prepara para una eventual liberación de su otrora salvador, al que actualmente acusa de todos sus males, y sobre todo de haber utilizado residencias de lujo en todo el mundo pasando los costes a las arcas de la compañía.

Para el grupo, que llevó a cabo una investigación interna durante meses antes de presentar las acusaciones a la fiscalía, «las pruebas sos sustanciales y convincentes». Según una fuente cercana al caso, si Carlos Ghosn sale de prisión, Nissan le prohibirá acceder a sus instalaciones, incluso aunque en teoría sigue formando parte del consejo de administración.

Solo una asamblea general extraordinaria de accionistas podría retirarle su título de administrador.