Del concurso de acreedores… ¿al cielo o al infierno?
Rafael Medina Pinazo y Daniel Torregrosa
Viernes, 18 de septiembre 2020, 12:11
El 1 de septiembre de 2020 entró en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020), norma que ha venido, ... de un lado, a sistematizar la maltrecha Ley Concursal, que fue objeto de desordenadas reformas y, de otro lado, a completar la Ley con el desarrollo jurisprudencial que había experimentado durante todos estos años.
Evidentemente, el hecho de que esta sistematización y actualización de la Ley Concursal se haya hecho en este concreto momento no es casual, sino que responde a la intención de que la previsible avalancha de concursos de acreedores se sustancie ya bajo esta versión mejorada, al menos en teoría, de la Ley Concursal.
Nuestro sistema concursal no es sencillo, pues desde que concurre la situación de insolvencia, son diversos los escenarios que pueden darse, en función de multitud de factores y detalles interconectados entre sí.
Así, un concurso de acreedores puede estar precedido de una fase de negociación con acreedores más flexible (el denominado preconcurso) o más reglada (el acuerdo extrajudicial de pagos), puede conllevar el mantenimiento de la actividad o bien suponer su cese, puede conllevar una negociación con acreedores o bien la liquidación de la sociedad o, en otro orden de cosas, puede albergar en su seno multitud de litigios entre la concursada y terceros respecto de diferentes aspectos que afecten a la compañía (resoluciones de contrato, rescisiones de contratos perjudiciales, etc) o a sus administradores.
Es decir, las instituciones concursales pueden servir tanto para sacar del tráfico jurídico, de forma ordenada, a sociedades que no tienen viabilidad, como para alcanzar acuerdos con acreedores que permitan asegurar la continuidad de los proyectos empresariales viables.
Y, precisamente, por esa versatilidad del concurso, es muy común que pequeños detalles en la preparación o desarrollo del procedimiento puedan condenar a la liquidación a empresas que, teóricamente, podrían ser viables, o puedan impedir la aplicación de beneficios para el deudor concursado (por ejemplo, la llamada Ley de Segunda Oportunidad o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho).
Por ello, es vital un adecuado asesoramiento que trace una estrategia integral desde un momento inicial, previendo distintos planes que puedan ser activados en función de la evolución y resolución de las cuestiones críticas del procedimiento, pues de lo contrario el concurso de acreedores se convierte en una bomba de relojería de la que es muy difícil que puedan salir beneficiados ni el deudor ni sus acreedores.
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