La Comisión Europea multa con 6,678 millones a Meliá por ofrecer precios diferentes a clientes de distintos países

La responsable de la política de competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, expone en una nota remitida por la Comisión: «Meliá impidió a los operadores turísticos ofrecer libremente alojamientos hoteleros en todos los lugares de Europa. Como consecuencia, los consumidores accedieron a ofertas distintas y precios distintos en función de su nacionalidad». Y añade: «Esta práctica es ilegal con arreglo a las normas de defensa de la competencia. Los consumidores deben tener la posibilidad de hacer un uso pleno del mercado único y de acceder a las mejores ofertas».

El procedimiento se inició cuando, en febrero de 2017, la Comisión puso en marcha una investigación sobre los acuerdos de alojamiento hotelero entre Meliá y los principales operadores turísticos (Kuoni, REWE, Thomas Cook y TUI) realizados entre 2014 y 2015. En el procedimiento se evaluaba si esos acuerdos contenían cláusulas que discriminaban ilegalmente entre clientes en función de su nacionalidad o su país de residencia. Y la investigación de Bruselas mostró que Meliá había suscrito contratos con operadores turísticos que limitaban las ventas de alojamientos hoteleros. En particular, la Comisión Europea señala: «Las condiciones generales de los contratos de Meliá con los operadores turísticos contenían una cláusula con arreglo a la cual los contratos eran válidos únicamente para reservas de clientes residentes en ciertos países concretos». Por ello, se apunta que los acuerdos «podrían haber segmentado el mercado único europeo al restringir la libertad de los operadores turísticos de comercializar alojamientos hoteleros en todos los países del Espacio Económico Europeo y de responder a solicitudes directas de clientes que no residían en los países especificados».

La Comisión no detalla cuáles eran los criterios en que se basaría tal segmentación del mercado europeo. Este periódico se ha puesto en contacto con la compañía y tampoco ha desvelado en qué consistirían esas prácticas. Meliá ha remitido a un comunicado en el que se muestra conforme con la resolución de la Comisión, que habría analizado los acuerdos alcanzados entre 2014 y 2015 con diferentes operadores y que, según la versión de la empresa, «contenían condiciones comerciales que podían dar lugar a una interpretación equívoca en función de la nacionalidad y/o país de residencia de los consumidores».

Según alega la cadena hotelera, esos acuerdos «no tuvieron efectos adversos para la competencia en el mercado».

Pero, con el objetivo de no dilatar el periodo de investigaciones, cooperó con las instituciones comunitarias, lo que llevó a la reducción de la multa final en un 30%.