El expresidente de Cepsa, en busca y captura por blanqueo de capitales

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado plantea a la Fiscalía la presentación de una demanda para decomiso de 34 millones de euros de las sociedades vinculadas a Al Qubaisi y que el destinatario final sea el Estado español. Además, reclama una serie de inmuebles situados en Marbella, Estepona y Madrid.

La investigación nace con la reventa de la Torre Cepsa en 2016 que reportó al expresidente de la petrolera un beneficio de 100 millones de euros y que, según el magistrado Calama, el jeque desarrolló una operativa a través de sociedades instrumentales con objeto de proceder al blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos, así como a la evasión fiscal de las ganancias obtenidas con dichos ilícitos capitales.

Para Calama, los hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales cometido por el titular real del dinero con el que se pagó la prima para la opción de compra, acompañada del pago de la fianza para el arrendamiento objeto del contrato, esto es, Abdulla Khadem Buti Al Qubasi.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional subraya que «mediante la utilización de una ingeniería jurídico-societaria adherida a la actividad de ciertos intermediarios en determinados ámbitos de nuestra economía ha contribuido a oscurecer las relaciones negociales auténticas entre las diversas personas jurídicas y físicas contempladas en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal. De esta forma, las mercantiles a las que inicialmente se dirigía la denuncia formulada son meramente instrumentales, cuyo único fin es colocar fondos desvinculándolos de su origen ilícito». Además, aclara que también serían constitutivos de un delito contra la Hacienda pública puesto que como titular real aparece como beneficiario de las ganancias materializadas tres años después, que alcanzan, aproximadamente, la cantidad de 100.000.00 euros.

En su resolución, Calama expone la figura del decomiso autónomo, recogida en la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2024, que permite la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado, como ocurre en este procedimiento.

En este caso, el magistrado considera que el Ministerio Fiscal debe actuar con carácter inmediato y presentar una demanda de decomiso autónomo para que el Estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones de euros bloqueados a las sociedades Muscari, así como de los «importantes» inmuebles situados en Marbella, Estepona y Madrid y también de otros bienes incautados por el juzgado.

«No se puede permitir -dice el juez- que estructuras societarias de naturaleza fiduciaria -creadas a través del departamento de ingeniería financiera de la banca Edmond Rothschild- sean las destinatarias de tales bienes pues el propietario real de las mismas no es otro que el investigado Kadhem Al Qubaisi, persona sobre la que convergen importantes indicios de criminalidad de estafa internacional, blanqueo de capitales y delito fiscal. El Sr. Naser Almur Alzaabi no ha sido más que un «testaferro de última hora» para intentar que el Sr. Al Qubaisi pudiera eludir el bloqueo decretado sobre su patrimonio».

Para Calama, Al Qubaisi ha utilizado las mercantiles Muscari Property BV y Muscari Development BV Sucursal en España como sociedades meramente instrumentales al servicio del delito, razón por la cual no existen motivos o circunstancias que aconsejen levantar las medidas cautelares reales adoptadas, sino todo lo contrario, al haberse reforzado los indicios incriminatorios contra el referido investigado. «Estamos así en presencia de un entramado societario constituido en torno a Khadem Abdulla Khadem Butti Al Qubaisi, quien implementa, dirige y ordena una estructura de sociedades, con el objeto de proceder al blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos, así como la evasión fiscal de las ganancias obtenidas con estos ilícitos capitales».

La Torre Foster, conocida popularmente como Torre Cepsa, es uno de los cuatro rascacielos de la zona financiera de Madrid conocida como Cuatro Torres Business Area situada sobre los antiguos terrenos de la ciudad deportiva del Real Madrid.

Con sus 248,3 metros, es el segundo edificio más alto de España y se inauguró el 5 de mayo de 2009. Hasta 2013 pertenecía a Bankia, que se deshizo de él un año después de su nacionalización.

La transacción fue un contrato de arrendamiento con opción a compra firmado con Muscari Property, una de la compañías de Al Qubaisi, que finalizó en 2016 por 400 millones de euros. Un día después de completar esta operación inmobiliaria, el expresidente de Cepsa revendió el inmueble a Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, por 490 millones.