Pedraz retira la imputación a un consejero y lo nombra administrador de la compañía

Así consta en dos autos dictados este viernes en los que el magistrado también archiva el procedimiento que se seguía contra el consejero Ricardo Moreno Warleta, al que el expresidente de Gowex, Jenaro García, acusó de haber actuado como 'insider' o 'topo' de la consultora Gotham, a la que habría facilitado "información privilegiada" para destapar el escándalo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, que investiga el falseamiento de las cuentas de Gowex, ha levantado estas dos imputaciones al considerar que los dos directivos "no formarían parte del entramado investigado" y en la medida en que ellos "difícilmente podrían saber de la existencia de facturación falsa".

En relación con la acusación que García hizo contra Moreno Warleta, Pedraz apunta que "no existe indicio suficiente" de que haya actuado como inflitrado de Gotham y, en todo caso, "no es objeto de investigación en la presente causa, máxime de no tratarse -de constituir delito- de un delito atribuido a la competencia de la Audiencia Nacional".

El expresidente de Gowex también acusó a Solsona de haber suministrado "información privilegiada" en relación con "el juego de posiciones en corto" y la caída del precios de las acciones de la compañía. Pedraz, sin embargo, señala que esta acusación "no deja de ser sino una mera alegación no sustentada en dato o indicio alguno".

Administrador durante seis meses

De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 nombra a Solsona administrador judicial de las mercantiles Let's Gowex S.A., Gowex Wireless S.L. y del resto de sociedades del Grupo Gowex y le encomienda la elaboración en el plazo de un mes de "un informe preliminar sobre las líneas o vectores principales por los que deberá circular la administración" de la entidad.

Pedraz ha adoptado esta decisión tras celebrar una vista en la que Fiscalía Anticorrupción y la defensa de Solsona han aceptado su nombramiento como administrador y la de Jenaro García se ha opuesto solicitando que la designación se hiciera mediante el procedimiento de insaculación para "otorgar impacialidad a la salvaguarda de los intereses de accionistas, trabajadores, proveedores y acreedores por alguien ajeno a la propia empresa".

El juez explica que el nombramiento no pretende prevenir las eventuales responsabilidades civiles que podrían fijarse en la causa sino "garantizar el correcto funcionamiento del grupo y evitar perjuicios para los inversores, los trabajadores en activo y terceros no responsables de los delitos investigados".

De igual modo, rechaza el argumento de la defensa de García en el sentido de que el nombramiento de Solsona podría afectar a la suspensión de la cotización de la compañía en Bolsa, puesto que, tal y como recuerda en el auto, "el administrador judicial debe dar cuenta y solicitar al juez la oportuna autorización".

Marugán paga la fianza

Por otra parte, el exdirector financiero de la entidad Francisco Manuel Martínez Marugán ha depositado la fianza de 50.000 euros que el juez Pedraz le impuso después de tomarle declaración para evitar su ingreso en prisión, según informaron fuentes jurídicas. El plazo para que García abone la suya, por valor de 600.000 euros, concluye el próximo lunes.

Además, el auditor de la firma M&A, José Antonio Díaz Villanueva, imputado por colaborar en la ocultación de las verdaderas cuentas de la compañía, recurrió el auto por el que se le impuso una fianza de 200.000 euros y pidió que se le rebajara al considerar que esta cuantía es demasiado alta para poder afrontarla.

En el procedimiento están imputadas ahora un total de nueve personas, entre las que se encuentran el expresidente de Gowex, Jenaro García; su mujer, Florencia Maté; el director financiero, Francisco Martínez Marugán; y el auditor de la compañía, José Antonio Díaz Villanueva.

También están encausados los presuntos testaferros Antonia Antúnez, Javier Martín Vaquero, Antonio Salmerón, la empleada del hogar Guadalupe Esmeralda Almeida y Juan Cañamero.

Todos ellos están imputados por delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, recogidos en el artículo 290 del Código Penal, y delitos relativos al mercado de los consumidores, concretamente el de falseamiento de información económica y financiera así como otro delito de uso de información relevante.