Veterinarios, un sector en auge aunque con dudas por la nueva legislación

El último disponible es el de 2023 y apunta algunas claves que dan idea de la dimensión de esta actividad y su importancia: la cifra de negocio de estos profesionales aumenta en un 116,32% desde 2012; un 178,05% en el caso de animales de compañía.

En lo que respecta a gastos de personal, se ha escalado un 231,22%. A falta de un nuevo análisis pormenorizado, en el que ya se trabaja, la tendencia se mantiene, aclara el máximo responsable regional de CEVE.

Juan Antonio de Luque, al frente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, el más numeroso de la región, con 1.200 inscritos, apuntala esta percepción, ya que, como destaca, hay dos factores que favorecen a esta profesión: un mayor respeto por los animales, no solo las mascotas, y un incremento en la adquisición de estas últimas, como acompañantes en muchos hogares.

Pero no todo es bonanza. A los veterinarios no termina de cuadrarles el marco normativo en el que se mueven, la Ley de Bienestar Animal, en vigor desde septiembre de 2023, tras ser aprobada en marzo de aquel año. En este momento, aún en fase de desarrollo, los efectos del cambio legal no son tan visibles en los libros de cuentas, pero sí se notan en el oficio. Dicho de otro modo, a la larga, la norma, si no se concretan algunos de sus aspectos, como advierten desde el sector, puede suponer un varapalo en estos negocios. «Se ha legislado pensando en los perros, los gatos y los hurones, en sintonía con la Unión Europea, pero queda muy abierto para el resto de especies, que entran todas en la consideración de exóticas», reflexiona Gutiérrez Aragón.

«No vemos la norma como una oportunidad de crecimiento, se ha desaprovechado, debido a que cada uno tira para lo suyo; no es lo mismo pensar en quienes dedican su tiempo libre a los animales, como pasatiempo, que en nosotros, que velamos por la salud», argumenta el presidente de CEVE andaluz.

En resumen, hay lagunas que tienen que subsanarse con la implementación de, aproximadamente, media docena de reglamentos. Por ejemplo, todavía hay que crear un «listado positivo» en el que estarán incluidos aquellos animales que pueden ser domésticos. Mientras tanto, aclaran en CEVE, están en el mismo saco un águila real y un hámster. «Estas dudas nos las trasladan los clientes», describe Gutiérrez Aragón, que reclama, ante este vacío, rapidez a los legisladores, por el riesgo de que se vea favorecido «el comercio ilícito» y, como consecuencia de ello, caigan los ingresos y la viabilidad de las empresas que se dedican a animales que no son ni perros ni gatos.

Otra de las incógnitas destacadas es la de los futuros exámenes para demostrar si una persona tiene capacidad o no para el cuidado de un animal, como señala el Colegio de Veterinarios, y la fórmula que se aplicará para aquellos que ya tienen uno en casa. Son incertidumbres para un sector que, como detallan desde CEVE, está formado por autónomos o sociedades con 4 o 5 trabajadores. Esta realidad implica otro riesgo, ya que también se observa la llegada de grandes grupos inversores que han entrado en este sector con más pulmón para sortear una posible crisis, por lo que surge una competencia que también inquieta a la profesión.

El Colegio de Veterinarios pone en valor que la entrada en vigor de la ley «ha supuesto que muchos ayuntamientos que no estaban al corriente en sus obligaciones de registrar los animales de compañía se pongan al día»; una responsabilidad que estaba establecida ya hace más de 20 años, como queda claro en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, y que consagra la norma que salió adelante en 2023.

No obstante, el presidente de la entidad colegial juzga que, en la misma línea ya apuntada de tareas pendientes, la legislación no cuenta con una financiación que apoye esta labor que, en la práctica implica que las administraciones locales tienen que hacerse responsables de cualquier especie. Como salida a este problema, están los convenios que el Colegio suscribe con muchos gobiernos locales, para la creación y desarrollo de los censos de mascotas.

En muchos casos, además, esta colaboración implica que el organismo colegial también presta apoyo en la gestión de las colonias felinas. Es el caso de Torremolinos, donde el Colegio de Veterinarios hace de garante del cumplimiento de todos los protocolos de cuidado de los gatos que están en la calle y asume gastos como microchips para la identificación de estos, las vacunas de rabia o desparasitantes contra la equinococosis. En cuanto a la distribución del trabajo para la atención clínica o sanitaria, corresponde a los centros adheridos a estos acuerdos.

Junto a Torremolinos, hay convenios para manejar los registros de animales de compañía con Frigiliana, Alfarnatejo, Fuengirola, Rincón de la Victoria, Moclinejo, Marbella, Benalmádena, Ronda, Antequera, Málaga, El Borge, Cártama, Nerja, El Burgo, Almáchar, Periana, Fuente de Piedra, Benamargosa, Casabermeja, Mijas, La Viñuela, Jimera de Líbar, Sayalonga, Torrox y Monda. Las distintas dimensiones de estos ayuntamientos da idea de la necesidad de contar con expertos para asumir las nuevas obligaciones. Y es que, desde la perspectiva de los profesionales, si peliagudo es para una administración pública el asunto, más todavía puede serlo para particulares que no saben exactamente hasta qué punto tienen que cumplir nuevas medidas legislativas.

«No hay que olvidar que la salud de los animales es la de las personas, por el riesgo de zoonosis», apuntala el presidente de los veterinarios.