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El Real Decreto 666/2023, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios surge para casar la normativa nacional ... a la europea. Con su aplicación, lo que se busca es garantizar un uso prudente y responsable de los fármacos y frenar las resistencias antimicrobianas. Sin embargo, organizaciones profesionales del sector apuntan a que supone una limitación de su criterio clínico y, además, establece un régimen sancionador que puede repercutir directamente en la viabilidad de las clínicas. Y es que temen que, ante la imposibilidad de dar «una respuesta rápida» ante situaciones de emergencia sanitaria, los dueños de los animales que no reciban el tratamiento correcto, finalmente, emprendan acciones legales contra ellos que impliquen reclamaciones económicas.
Antonio Domínguez, al frente de la Asociación de Veterinaria Clínica de Málaga (Amveac), pone un ejemplo práctico: «Hay casos como un perro al que ha mordido otro, en los que, por ley, solo puedo administrar un tipo de antibiótico y esperar a un cultivo, que puede tardar una semana, para saber si puedo poner otro más potente. En esa espera, el animal se puede morir».
Los cambios están causando «estragos» sostiene y, si no se enmiendan, terminarán por repercutir en el encarecimiento de las consultas. ¿El motivo?. Según Domínguez, a las limitaciones en las recetas, se suma la obligación de incluir cada dosis de antibióticos que es prescrita en Presvet, una base de datos digital, lo que supone una «pérdida de tiempo y destinar personal a ello». «Es algo improductivo», afirma. El problema, como critican desde la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), es que este control ya existía, ejercido por el Ministerio de Sanidad, y con la modificación introducida, hay que hacerlo por duplicado, también ante el de Agricultura.
«Puede estar bien para los animales de producción, que van por lotes, pero no para los domésticos. Y no solo por los perros y gatos; es que, ante otras especies, no sabes ni lo que hacer con estas restricciones», reconoce Domínguez. El presidente de CEVE, además, recuerda que, gracias a la autorregulación, la dispensa de antibióticos ya se había reducido en un 80%.
Desde el Colegio de Veterinarios consideran que, en el contexto actual, donde la nueva legislación está en pleno desarrollo, añadir esta «tensión» al ejercicio profesional no ayuda.
En Amveac van más allá y temen que ante las muchas dudas, los propietarios de animales opten por la «automedicación» o que renuncien a acudir a los profesionales.
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