De patrocinar la Fórmula 1 a no pagar ni los taxis: así fundió Isofotón 80 millones de dinero público

Repasar la lista de más de 1.500 acreedores de Isofotón da idea de cuál era la dinámica en esta empresa durante los mismos años en los que recibió una lluvia de millones de dinero público. Desde pymes y autónomos hasta multinacionales –Microsoft o Telefónica– pasando por sociedades y organismos públicos de países como China, Estados Unidos, Ruanda o Alemania; sin olvidar, claro, a sus casi 700 trabajadores. Es cierto que 300 millones en deudas dan para mucho, pero aún así sorprende la variedad de acreedores que reclamaban dinero a Isofotón desde cuatro continentes.

En una quiebra de una industria como Isofotón entra dentro de lo habitual que haya bancos (y los había: más de una decena), proveedores de materiales, Hacienda, Seguridad Social y trabajadores entre sus acreedores. Pero lo que no es común es ver a gobiernos extranjeros, a la CEOE, a una cooperativa de taxistas, al 'International Herald Tribune' o a un notario. La empresa dirigida por los hermanos Serrano no pagaba el teléfono, el agua, la luz, el material de oficina, el software, la limpieza ni las máquinas de vending. Parecía seguir una dinámica de impago sistemático que no sólo se circunscribe a los meses anteriores a su declaración de concurso, sino que se prolonga años atrás.

Sorprende asimismo la cantidad de instituciones públicas afectadas por esta gigantesca suspensión de pagos. El mayor acreedor de Isofotón es la Junta de Andalucía, con más de 44 millones. Pero entre sus reclamantes también figuran el Ministerio de Industria, Hacienda, la Seguridad Social, la Diputación, cuatro universidades (entre ellas la de Málaga), un hospital de Asturias, Adif, Emasa, el Registro de la Propiedad y el PTA.

En una compañía que atravesaba una situación preocupante el dinero fluía como si no fuera de nadie. Cuando los administradores concursales tomaron las riendas de la compañía y empezaron a abrir cajones y hacer preguntas, se encontraron cosas tan chocantes como la existencia de una plantilla de 50 empleados en Madrid, todos con rango de directivos, que cobraban 4.000 ó 5.000 euros al mes. Cargos que, en algunos casos, estaban duplicados: había un director financiero en Madrid y otro en Málaga.

La sentencia de calificación del concurso dejó patente que hay tres motivos por los que los administradores de Isofotón fueron culpables de causar o agravar su situación de insolvencia: irregularidades contables graves, retraso en la solicitud del concurso y falta de colaboración con la administración concursal. La Audiencia Provincial ha confirmado estas conclusiones.

Esta era la manera en la que se gestionaba una empresa que fue beneficiaria de ayudas públicas de la Junta por valor de 37 millones de euros entre 2010 y 2012; 80 millones si echamos la vista más hacia atrás, hasta el nacimiento de Isofotón. La pregunta es obvia: ¿por qué no se comprobó la viabilidad de la empresa a la hora de concederle esas ayudas? De esta cuestión nació una investigación judicial que implicó a antiguos cargos de la Junta de Andalucía y a exdirectivos de la empresa por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental cometidos en la concesión de los avales y préstamos a Isofotón. Una causa que acabó archivada hace dos años, no porque se decidiera que estos delitos no se cometieron, sino porque varias diligencias ordenadas por el juzgado para investigarlos se habían hecho fuera del plazo que marca la ley.

Los propios trabajadores de Isofotón eran quienes habían interpuesto la denuncia para que se investigaran las ayudas. La decepción que sintieron al ver que las irregularidades reflejadas en el informe de la Guardia Civil quedaban impunes se repitió hace un año, cuando conocieron la sentencia de calificación del concurso. El juzgado mercantil considera culpables a los cinco administradores de la compañía: una victoria moral pero amarga, ya que las personas que ocasionaron la quiebra de Isofotón no van a pagar ni un euro. ¿Por qué? Porque la administración concursal y la Fiscalía no detallaron en su petición «en qué medida concreta cada una de las conductas por las que se solicitaba la culpabilidad ha contribuido al origen o agravamiento de la insolvencia». Así que la jueza encontró imposible «cuantificar cómo se repartiría esa condena a la cobertura del déficit concursal», según explicó en su sentencia.