Los contribuyentes pagan entre 232 y 1.707 euros más en el IRPF por no deflactar la tarifa

En concreto, según los cálculos del Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas, el sobrecoste fiscal que supone no deflactar la tarifa estatal asciende a 232,56 euros para rentas de trabajo de 30.000 euros. La simulación calcula una deflactación del 16,1% –teniendo en cuenta el IPC acumulado de 2021, 2022 y 2023– en un contribuyente sin hijos y solo la parte que corresponde al Estado. Los contribuyentes con rentas del trabajo de 45.000 euros pagarán en esta declaración de la Renta 403,98 euros más de lo que hubieran pagado si se hubiera deflactado la tarifa del IRPF para absorber el impacto de la inflación de los últimos tres años.

Como la tarifa del IRPF es progresiva, el ahorro fiscal por la deflactación crece con el nivel de renta. Para rendimientos del trabajo de 70.000 euros, el sobrecoste fiscal alcanza los 611,74 euros y para rentas superiores a 350.000 se llega a 1.797 euros pagados de más por no deflactar la tarifa.

No obstante, aunque el ahorro es mayor en las rentas más altas, en las rentas bajas esa cantidad pagada de más tiene un impacto mucho más significativo, apuntaron los economistas.

La tarifa del IRPF se divide en dos: una parte estatal y otra de la comunidad autónoma donde resida el declarante. El Estado no ha deflactado la tarifa en los últimos años, pero sí lo han hecho varias autonomías en la parte sobre la que tienen competencia. Aragón, Canarias, Extremadura, Madrid y Navarra deflactaron la tarifa en 2023 y en 2024 lo han hecho Baleares, Cantabria, La Rioja, País Vasco y Navarra (por segunda vez esta última).

Si en lugar de una deflactación del 16,1% se hiciera una del 3,2% (el IPC para 2023), el ahorro para una renta media del trabajo de 30.000 euros sería de 46,22 euros, mientras que si se tiene de base una deflactación del 5,4% (el incremento del salario medio en 2023), el ahorro sería de 78 euros.

«Las administraciones públicas están haciendo trampa», señaló el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich. «Sorprende que después de prácticamente ya dos o tres años de una inflación importante, el Estado y algunas autonomías no hayan deflactado las tarifas y esto tiene directamente unos impactos en la capacidad de ingresos de los contribuyentes», subrayó Pich. «Debe gravarse la capacidad de pago», argumentó, y aunque los salarios han subido, en la mayoría de los contribuyentes esa subida no ha seguido el ritmo de la inflación. Por su parte, el presidente del REAF, Agustín Fernández, explicó en la presentación del 'Informe sobre la declaración de renta y patrimonio 2023', que el límite de 2.000 euros para deducir los gastos de difícil justificación para empresarios y profesionales se ha quedado obsoleto, porque desde el año 2007 no ha sido actualizado y debería situarse cerca de los 2.800 euros, ya que la inflación acumulada desde 2007 ha sido del 40,27%.

En cuanto al impuesto sobre patrimonio y el de grandes fortunas, el presidente del Consejo de Economistas señaló que «sorprende la batallita entre administraciones, es un poco deplorable».