El Congreso debatirá sobre el futuro de la energía nuclear pese al 'no' del Gobierno de coalición y sus socios

La proposición de ley presentada hace unas semanas por los populares, en la que piden extender el actual calendario de cierre de las centrales –la primera sería la extremeña de Almaraz con su reactor I en noviembre de 2027 y el reactor II en octubre de 2028, quedando la última la castellano-manchega de Trillo para mayo de 2035- finalmente pasó este martes su primer trámite parlamentario de peso y será debatida por el pleno de la Cámara Baja. La negativa del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, junto a la mayoría de sus socios parlamentarios, no fue suficiente para superar los 171 votos afirmativos de PP y Vox, junto a las siete abstenciones de Junts.

La propuesta legislativa del PP define las condiciones de operación y cese de las instalaciones nucleares. Entre otras cosas, señala Europa Press, introduce criterios de seguridad de suministro entre los posibles supuestos que se pueden dar para mantener la operativa nuclear, siempre que cumplan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad nuclear.

La iniciativa también incluye una actualización del Plan General de Residuos Radioactivos de Enresa -la empresa pública responsable de su gestión- para considera una extensión de diez años adicionales a lo establecido en el Protocolo de Intenciones para el cierre ordenado de las instalaciones. Además, plantea una actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para que quede recogido el respeto del principio de neutralidad tecnológica.

«Este Gobierno al que le quedan dos telediarios no puede tomar la decisión trascendental del cierre nuclear, que generará un problema irreversible en el sistema eléctrico, para que dentro de unos meses el problema lo asuma otro Ejecutivo», advirtió el diputado del PP Juan Diego Requena al defender la necesidad de que se tramite esta proposición y se realice un debate riguroso, «sin sesgos ideológicos perniciosos».

Así, a lo largo de su intervención contestó a los argumentos habituales del PSOE para rechazar la extensión de la vida de las centrales nucleares. Por ejemplo, recalcó que tanto el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como la Unión Europea (UE) señalan que «a mayor o más revisiones periódicas, la seguridad de las centrales nucleares es mayor».

A su vez, subrayó que «la propia Red Eléctrica -el operador del sistema, de propiedad semipública en la actualidad- sostiene que el cierre nuclear impacta directamente en la seguridad de suministro eléctrico». Incluso ironizó con que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, diga que «el sistema eléctrico está funcionando en modo reforzado y que eso está multiplicando los costes de los servicios de ajuste», mientras al mismo tiempo pide que la prolongación de las nucleares no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

Justamente la visión contraria sobre esta cuestión mostraron los socios parlamentarios del Gobierno situados más a su izquierda. Así, el diputado del BNG Néstor Rego recordó que Galicia dijo hace muchas décadas «no» a este tipo de energía y que ellos continuan haciéndolo. En este sentido, se preguntó qué «intereses económicos» hay detrás de la «obsesión nuclear de la derecha ultra y de la ultraderecha negacionista».

A su vez, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero tachó la proposición de ley del PP de «panfleto» sin «anclaje jurídico, que pone en peligro la transición ecológica y que solo se podría ejecutar metiendo la mano en el bolsillo de la gente vía factura eléctrica».

Mientras, la representante de Podemos Martina Verlarde reclamó al Ejecutivo de coalición que «despeje cualquier duda» y garantice el cumplimiento «estricto» del calendario de cierre nuclear. «Lo que realmente nos preocupa es que al Gobierno le empiecen a temblar la mano ante las presiones del 'lobby' nuclear y también de sus portavoces de la derecha y de la ultraderecha», advertió.

Desde el PNV intentaron matizar su voto negativo final tratando de señalar que el debate «no es energía nuclear sí o no», sino que los diputados deberían preguntarse cómo promover la competitividad con menores costes energéticos. Sobre ello, su diputada Idoia Sagastizabal afirmó que si se desea una transición ecológica «estable y sostenible» no se puede estar cambiando el marco regulatorio «cada poco tiempo».

Por su parte, ERC y Junts volvieron a tratar de reivindicar la especificad catalana, también en este caso, desde su perspectiva independentista. Así, la parlamentaria de JxCat Pilar Calvo Gómez preguntó qué va a hacer el Gobierno ante el aumento de la demanda de electricidad prevista para ese territorio en los próximos años. Asimismo, anticipó que durante la tramitación de la iniciativa legislativa presentarán una enmienda porque no se puede debatir sobre el calendario nuclear sin hacer un esfuerzo en el futuro renovable y en una transición energética «justa» para Cataluña.

Por su parte, la diputada de ERC Teresa Jordà dijo que su partido no defiende alargar la vida de las nucleares, pero tampoco quiere un cierre improvisado «que ponga en riesgo la economía y la vida del territorio» porque los Gobiernos del PP y del PSOE «no han sido capaces de hacer los deberes».

Por ese motivo, reclamó al Ejecutivo que si finalmente se quiere replantear el calendario de cierre de las nucleares, se garantice la transición energética hacia las renovables, además de desarrollar un plan de reindustrialización urgente y efectivo en las zonas donde hoy existen nucleares y que se lleve a cabo una protección laboral «sólida de verdad para los trabajadores afectados».

Desde las filas de Vox, aunque favorables a la extensión del calendario de vida útil de las centrales (ahora fijado entre 2027 y 2035), aprovecharon para hacer una de sus frecuentes críticas compartidas a los Gobiernos anteriores de PSOE y PP, porque unos «abiertamente atacan al sistema nuclear» y otros -los populares- hacen «lo contrario» a lo que escriben cuando gobiernan. En este sentido, su partido ha pedido eliminar el impuesto al sector en Valencia y el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón ha aceptado a partir del 1 de enero de 2027.

Además, el diputado José María Figaredo subrayó que el consumo eléctrico se va a «multiplicar» en las próximas décadas y recordó que la inteligencia artificial utiliza un consumo «intensivo» a través de todos los centros de datos que precisa para su funcionamiento. «Si las cosas fuesen como deben ir, España multiplicará por tres o por cuatro su consumo eléctrico en los próximos años. Y para ello debemos conseguir un suministro constante. No se puede lograr a día de hoy si no es con centrales nucleares», advertió.

Finalmente, desde los partidos del Gobierno, el parlamentario de Sumar Eloi Badia criticó que el PP proponga que el Congreso ponga «una alfombra roja» y haga «un traje a medida de 2.000 millones» de euros a Endesa, Iberdrola y Naturgy, cuando estas empresas «han manipulado ofertas para incrementar los precios de la electricidad, han usado información privilegiada para agrandar sus beneficios y han actuado como un cártel pactando precios para fijar márgenes de ganancias más altos para engrosar sus miles de millones de beneficios».

En una línea similar, el diputado del PSOE Andreu Martín echó en cara a los populares que años atrás dijesen que el rescate bancario «no iba a costar» a los españoles cuando «lo acabó pagando toda la sociedad», igual que ahora quieren que se paguen «eternamente» los residuos nucleares. Acto seguido, frente a esas centrales defendió las energías renovables porque «son puestos de trabajo de calidad, permiten tarifas más baratas y nos hacen menos vulnerables a la situación geopolítica.