Competencia inicia el camino para multar al sector de la estiba

Se refiere, en concreto, al acuerdo que la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) suscribió a finales de junio con la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) –principal sindicato del sector–, UGT, CC OO, CIG, LAB y ELA. En el mismo se fijan las bases de negociación del que será el quinto convenio colectivo de la estiba, empezando por incluir la «subrogación de los trabajadores» que hasta ahora pertenecen a las sociedades que gestionan el empleo en el sector (Sagep).

Con ello pasarán a formar parte de los operadores de estiba que queden en los puertos tras la reforma, «en proporción a la proporción accionarial» que cada uno tenía en esas sociedades, a las que estaban obligados a inscribirse. A ello se unía un período de salidas voluntarias de estibadores –sobre con prejubilaciones, manteniendo el 70% de la retribución y costeadas por el Estado–, una rebaja salarial del 10% para los sueldos medios y altos, así como cambios en los turnos y la forma de distribuir el trabajo para ganar competitividad.

Pero para la CNMC algunas de esas “prácticas» constituyen una «restricción de la libertad de contratación de trabajadores» para el manipulado de mercancías en los puertos, además de «limitar la libertad» de las compañías que prestan esos servicios. Los responsables de Competencia ya advirtieron el verano pasado que seguirían de cerca todo este proceso para velar porque se produjeran irregularidades, sobre todo tras tener noticias de que se podían haber establecido pactos extraoficiales durante la última huelga de estibadores para algunas compañías se vieran libres de sus efectos a cambio de aceptar buena parte de las reivindicaciones de los trabajadores.

Lo llamativo de este caso es que la Comisión ha incoado ya sendos expedientes sancionadores sin que haya culminados sus pesquisas, entre otras cosas porque la negociación colectiva sigue abierta y aún no se ha podido verificar cómo le afectará en detalle lo acordado hace cuatro meses por patronal y sindicatos del sector. De hecho, el órgano que vigila el mercado sigue enviando a las empresas cartas requiriéndoles información, a fin de que “detalle las propuestas” de cada organización “relativas a la subrogación de las empresas estibadoras” que se separen de las referidas Sagep, la transformación de éstas en centros de empleo y los “mecanismos de selección de personal”, uno de los aspectos más controvertidos de las negociaciones.

Los sindicatos, por su parte, han replicado que todo el proceso ha contado con el visto bueno del Gobierno, en concreto de los Ministerios de Fomento y de Empleo, muy interesados en acabar con la conflictividad social en la estiba. Esa tensión, que venía incrementándose desde el mes de febrero, se tradujo en dos semanas de paros en junio que provocaron pérdidas por valor de 170 millones de euros para el conjunto de la economía española, al ser un sector clave para las exportaciones y el transporte. Recuerdan, además, que el convenio no está cerrado, por lo que creen que Competencia ha actuado de forma preventiva sin hechos culminados.

La tramitación de los expedientes puede prolongarse ahora 18 meses y terminar en una sanción de hasta el 10% de la facturación de cada actor implicado. Anesco y los sindicatos ya fueron multados por la CNMC hace siete años a raíz de otro pacto, por establecer tareas complementarias en el ámbito funcional de servicio público que restringían la libre competencia. La primera tuvo que abonar un millón y los segundos, en conjunto, 110.000 euros.

Mientras, patronal y sindicatos del sector prosiguen sus negociaciones a la espera de que el Ministerio de Fomento apruebe el reglamento que desarrolla en el plano normativo su última reforma, a fin de comprobar que incluye los cambios a los que se comprometió con los sindicatos pero que no pudieron ser incluidos en el decreto ley para no chocar con la normativa europea. Gracias a ello, y pese al retraso en la adaptación del marco de la estiba en España, la Comisión Europea solo impuso finalmente al país una multa de tres millones frente a los 24 millones que había acumulado con el paso de las semanas.