Ciudadanos lleva al Parlamento «la inquietud» por el futuro arraigo andaluz de Unicaja y la Junta llama a la «prudencia»
Velasco alega que la fusión con Liberbank «debe servir para fortalecer el sistema bancario no sólo en Málaga y Andalucía, sino en toda España»
Ciudadanos ha llevado este jueves al Parlamento autonómico «la inquietud» por el futuro arraigo andaluz de Unicaja Banco, que ultima su fusión con Liberbank. ... Aunque la entidad resultante, que será el quinto banco de España por volumen de activos, mantendrá el nombre de Unicaja y su sede social en Málaga, el diputado naranja Juan de Dios Sánchez ha recordado «la preocupación» existente ante la posibilidad de que el banco pierda sus históricas raíces andaluzas. Tras la salida dentro de dos años del presidente actual de la entidad malagueña, Manuel Azuaga, que dejará el cargo en 2023 al cumplir 75 años, el consejo de administración tendrá que decidir si el consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, asume las funciones ejecutivas, por lo que el banco absorbido pasaría a tener el control, o si se nombra a otro primer ejecutivo.
Durante la exposición de su pregunta, firmada también por los diputados Francisco José Carrillo, Concepción González y Mónica Moreno, Sánchez ha repasado el vínculo de Unicaja con Andalucía y ha preguntado «dónde va a acabar la entidad social» del banco y qué pasará con sus empleos tras la fusión, además de cómo afectará a la economía de la región. En su respuesta, el consejero de Economía, Rogelio Velasco, también de Ciudadanos, ha evitado pronunciarse sobre el riesgo de que la sede del banco sea trasladada fuera de Andalucía en el futuro y ha llamado a la «prudencia política». Velasco ha agradecido «la magnífica lección de historia» de su compañero de bancada, pero se ha limitado a contestar que las fusiones suponen una tendencia en el sector auspiciada desde el Banco Central Europeo y el Banco de España «para aprovechar economías de alcance y reducir costes de producción».
Estas fusiones, ha incidido el consejero, tratan de paliar «los problemas estructurales» que sufre la banca desde hace años y de compensar «la pérdida de la capacidad competitiva» de las entidades. Velasco ha recordado que Unicaja aportará el 59 por ciento del volumen de depósito del banco resultante de la fusión, por lo que será la entidad absorbente frente a Liberbank, que será absorbida. El titular de Economía ha mostrado su «preocupación» por los empleos, aunque ha asegurado que «hay posibilidades de mejorar la productividad usando retiros pactados», y ha advertido de que la fusión no garantiza mayor capacidad competitiva por sí sola: «Unicaja tiene que fichar a los mejores directivos y sus empleados deben recibir los mejores cursos de formación».
«Por lo demás», ha acabado Velasco esquivando el asunto del futuro arraigo andaluz del nuevo banco, «no deberíamos hablar nosotros por razones de prudencia política». El consejero considera que la fusión «debe servir para fortalecer el sistema bancario no sólo en Málaga y en Andalucía, sino en Castilla y León, en Extremadura, en Cantabria y en Asturias, en toda España».
El silencio que no cesa
La pregunta presentada este jueves por Ciudadanos en el Parlamento autonómico es la primera ficha, todavía tímida, que mueve algún partido ante el riesgo de que la sede social de Unicaja acabe fuera de Andalucía dentro de dos años. El silencio también se ha extendido sobre las remuneraciones recibidas por Braulio Medel en consejos de administración de otras empresas durante años, cuando el banco aún era una caja de ahorros. La estrecha relación del Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida y el Partido Andalucista con la entidad se remonta años atrás. Unicaja ha sentado en su consejo de administración a políticos de todas las siglas y ha concedido créditos, avales y garantías a varios partidos y a decenas de sus miembros.
En 2006, según un informe público, Izquierda Unida mantenía préstamos por valor de 2,9 millones de euros de los que 739.000 euros constaban como vencidos, es decir: ya había transcurrido el plazo de pago acordado. El PSOE arrastraba una deuda con Unicaja de 1,7 millones de euros de los que 65.000 euros habían vencido y el Partido Andalucista, de 86.000 euros, vencidos íntegramente. El Banco de España realizó una inspección ese mismo año, remitida a la Consejería de Economía en 2007, en el que advertía a la caja andaluza de la necesidad de fijar «límites al riesgo crediticio que la entidad está dispuesta a asumir por sectores de actividad, áreas geográficas, grupos económicos o acreditados». Es el mismo informe que dejaba constancia de la imposibilidad de garantizar la legalidad de las remuneraciones recibidas por los directivos de Unicaja como consejeros de otras sociedades, documento que cayó en saco roto en la Junta durante una década.
El análisis de los ejercicios posteriores revela que estos créditos a IU, PSOE y PA se mantuvieron y ampliaron durante años, hasta el punto de que ABC publicó en 2012 que la caja de ahorros había «perdonado» préstamos millonarios a Izquierda Unida, que regularizó sus deudas después de entrar en el Gobierno andaluz. Miembros de todos estos partidos estuvieron presentes en el consejo de administración de Unicaja, que concedió créditos y aportaciones a sus planes de pensiones, a menudo a interés cero, a muchos de estos políticos y en ocasiones también a sus familiares.
La Junta mantiene por el momento la cautela, «prudencia política» como hoy lo ha llamado Velasco, a pesar de que el informe del Banco de España estuvo diez años guardado en un cajón durante el mandato del anterior Gobierno andaluz. En la Consejería de Hacienda, bajo la batuta de Juan Bravo, se limitan a repetir que no tienen «nada que decir», aunque fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que el consejero ha solicitado información para saber «si hay algo más» y conocer la situación del informe perdido durante una década.
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