La Fiscalía pide 8 años para Rato y triplica el número de acusados por el caso Bankia

Para la fiscal Carmen Launa, estamos ante un proyecto que pecaba totalmente de «inconsistencia», lo cual era «plenamente conocido» por los dos máximos responsables de la entidad en aquella época, el citado Rato y el entonces vicepresidente José Luis Olivas, dos antiguos políticos (el primero llegó a ser vicepresidente económico del Gobierno y el segundo presidente de la Generalitat valenciana) metidos a financieros. Ambos, insistió en sus conclusiones finales ante el tribunal de la Audiencia Nacional presidido por la veterana magistrada Ángela Murillo, tuvieron una «especial responsabilidad» en que el referido estreno bursátil se realizara «sustrayendo a los inversores la información esencial acerca de la verdadera situación patrimonial» de Bankia e incluso, directamente, de su propia inviabilidad ante la pérdidas multimillonarias que arrastraba en realidad.

Por eso reclama las mayores penas para ambos: ocho años y medio de cárcel para Rato y otros cinco para Olivas, además de entre cinco y seis años para José Manuel Fernández Norniella, quien como adjunto a la presidencia del banco era la tercera persona con mayor poder dentro de él en aquella época. Para el que fuera director general, lldefonso Sánchez Barcoj, la condena requerida quedaría en dos años y medio, mientras que para las diez personas restantes no pasaría de los dos años, por lo que al carecer de antecedentes penales no entrarían en prisión en caso de que fueran declarados culpables. Entre ellos se encuentra Francisco Verdú, quien fuera consejero delegado en parte de la etapa juzgada (llegó con la salida a Bolsa prácticamente ultimada), quien se ve algo favorecido porque la Fiscalía no le imputa por estafa.

Entre los nuevos señalados en el escrito final de Anticorrupción destaca otro expolítico, el exministro Ángel Acebes (para quien reclama de nueve meses a un año y medio de cárcel), a quien Rato situó como consejero responsable del comité de auditoríade Bankia y su matriz, BFA, junto a Pedro Bedía, Rafael García-Fuster, Alberto Ibáñez y Araceli Mora, también incluidos a última hora en la misma lista de acusados. Además, añade al socio auditor de la firma Deloitte que revisó las cuentas del banco, José Francisco Celma, para quien pide ahora dos años de prisión por falsedad contable, mientras que para el entonces interventor Sergio Durá solicita de uno a dos años por el mismo motivo.

Del auditor señaló Launa que su decisión de informar de manera favorable sobre las cuentas anuales de 2010 «estaba tomada de antemano, siendo su informe una formalidad sin contenido alguno«. No obstante, reconoció que para analizar después el balance de 2011 sí se quejó a los responsables de auditoría del banco de que le faltaban datos que él veía claves. A ellos y al referido Durá les acusa por eso de «obstaculizar» dicha labor para «dilatar la remisión de la información requerida que habría provocado el afloramiento de los deterioros que se pretendían ocultar», con el fin de «mantener una imagen de solvencia y fortaleza patrimonial de BFA/Bankia alejada de la realidad«.

Según explicó la representante de Ministerio Público, «las nuevas pruebas» vistas durante el juicio le han obligado a «introducir matices y dar más importancia a algunos extremos». Así, por ejemplo, da por probado que hubo falsedad contable en Bankia tanto en los balances anuales de 2010 tras la controvertida fusión de siete cajas de ahorros que alumbró la entidad, como en las últimas incluidas el folleto de la salida a Bolsa (las de marzo de 2011) y también las de finales de 2011, que fueron reformuladas (se pasó de un beneficio anual ficticio de 309 millones a unas pérdidas de 2.979 millones) por el equipo actual dirigido por José Ignacio Goirigolzarri y provocaron su costoso rescate (24.424 millones de euros en total) a cargo de las arcas públicas. No obstante, al no auditarse las cuentas de 2011 presenta como alternativa que ese delito fuera en grado de tentativa, lo que reduciría en parte las penas.

Otros de los fundamentos esenciales del escrito final de Anticorrupción son, aparte de los correos cruzados por los inspectores del Banco de España que revisaron las cuentas de Bankia y BFA con sus superiores, las conclusiones de la fase pericial de la vista oral donde estima que los dos expertos judiciales (también inspectores del supervisor) evidenciaron que los problemas del banco venían de su misma constitución. A su juicio, posponer en el tiempo el registro contable de los «cuantiosos quebrantos» de 2010, lejos de no tener trascendencia alguna -como llegaron a sostener algunos de los peritos de las defensas- permitió salir a Bolsa ocultando «la verdadera situación patrimonial» de la entidad «perfectamente conocida por los acusados».

Por último, al considerar que en lo esencial fueron decisiones individuales o auspiciadas por la antigua cúpula deja fuera de responsabilidad penal a las tres personas jurídicas imputadas: las citadas Bankia, BFA y Deloitte. Sin embargo, se la mantiene en el plano civil para que respondan de forma solidaria por las posibles indemnizaciones que pudiera fijar e tribunal, que a criterio de la Fiscalía no deberían superar los dos millones de euros para satisfacer a los inversores minoristas personados en la causa que no han llegado todavía a un acuerdo.

En cualquier caso, tanto las acusaciones populares (entre ellas la asociación Adicae, la Confederación Intersindical de Crédito y la plataforma 15MpaRato) como las particulares elevan esas reclamaciones por encima de los tres millones de euros y mantienen su petición de penas para los 34 acusados en total -parte de los cuales ya fueron condenados por apropiación indebida en el juicio de la llamadas tarjetas «black»-, según adelantaron este lunes sus abogados respectivos. Por su parte, el letrado del FROB (como perjudicado) se adhirió en lo esencia al escrito del FROB. Además, antes de dejar el juicio visto para sentencia, el tribunal deberá escuchar los alegatos de las defensas.