El presidente de Ausbanc y el de Manos Limpias, condenados por extorsionar a bancos y empresas

En una sentencia de 195 páginas, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal imponen a Pineda una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de extorsión y otros tres por estafa, mientras que a Bernad le condenan a tres años por un delito de extorsión en grado de cooperación necesaria y otro año por el mismo delito en grado de tentativa. La Fiscalía pedía para el primero 116 años de cárcel y para el segundo, 25 años.

En concepto de responsabilidad civil, Pineda deberá indemnizar a un total de 13 entidades: a BBVA, con 1.524.565 euros; a Unicaja, con 904.328 euros; a Caixabank, con 24.200 euros; a Liberbank, con 1.499.918 euros; a Nissan Ibérica, con 36.300 euros; a Barclays, con 149.750 euros; a Caja Castilla la Mancha, con 332.000 euros; a Europistas, con 406.000 euros; a Cajasur, con 266.200 euros; a Cajavital, con 546.701 euros; a Bankia, con 586.850 euros; a Caja Rural del Sur, con 576.302 euros, y a Banca March, con 38.115 euros.

La Sala también condena a un año de cárcel al adjunto a la Presidencia de Ausbanc, Ángel Garay, y a seis meses a María Mateos, directora del departamento jurídico, ambos por un delito de extorsión en grado de complicidad. Por contra, absuelve a los otros seis acusados: la abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete y los directivos de Ausbanc Alfonso Solé Gil, María Teresa Cuadrado, María Isabel Medrano, Rosa Aparicio y Luis María Jordana.

Pineda y Bernad también resultan absueltos de la mayoría de los delitos por los que fueron juzgados. En concreto, en el caso del presidente de Ausbanc de organización criminal, acusación y denuncia falsa, fraude y estafa procesal y administración desleal, mientras que en el caso del secretario general de Manos Limpias queda exculpado de los dos primeros delitos y, además, de amenazas.

Los hechos probados de la sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada Teresa Palacio, detallan la creación de Ausbanc en 1986 con el objetivo de ejercer acciones colectivas para obtener sumas dinerarias en el afán de lucro. Para ello, Pineda propiciaba acuerdos para la solución extrajudicial de los conflictos, unos jurídicos relacionados con el objeto de la demanda y otros económicos, planteándose de forma conjunta.

El ejercicio de la acción colectiva, dicen los jueces, era un mero instrumento para que las entidades accediesen a las pretensiones económicas formalizadas a través de convenios publicitarios u otras fórmulas. En el caso de que aceptasen suscribirlo, aun cuando se iniciase o se siguiera el trámite por los letrados de las delegaciones territoriales, se abandonaba cualquier ulterior reclamación.

De darse la circunstancia de que las entidades no se avinieran a los requerimientos económicos efectuados generalmente por Pineda podía conllevar una repercusión negativa reputacional. Bien a través de publicaciones de noticias que no respondían a la realidad o por la «difusión hiperbólica» de un acontecimiento aislado en la entidad en cuestión, incluso con la escenificación de manifestaciones a la puerta de la sede de la sede bancaria.

La sentencia indica que los pagos se enmascaraban, bien como publicidad en las revistas de Ausbanc, cuyos ejemplares se distribuían de forma gratuita salvo un 2% que se vendían, bien como «estudios de mercado» que elaboraba la entidad con las quejas y reclamaciones de consumidores y reseñas de sentencias judiciales, bien mediante patrocinios y otros eventos.

El tribunal explica que la relación entre Luis Pineda y Miguel Bernad se inició a finales de 2012 y duró hasta 2016 tras la detención de ambos. Según la Sala, como Ausbanc Consumo copaba la actuación en el orden civil contra las entidades bancarias, Pineda advirtió de que otra manera de obtener copiosas sumas de dinero era a través de los procesos penales. Para ello, estableció la fórmula aparente de colaboración con Manos Limpias que, como acusación popular, instaba o se personaba en distintos procedimientos con gran repercusión mediática.

La Sala examina con detalle la treintena de actuaciones de los acusados encaminadas a obtener un beneficio de las distintas entidades con las que se ponían en contacto, algunas de las cuales se consideran como extorsión consumada por haberse llevado a cabo, otras como intento de extorsión cuando no obtenían los resultados esperados y otras que no se han considerado como delito.

Así, el texto refleja la actuación de los acusados con la mayoría de las entidades bancarias del país (BBVA, Cajamadrid, Credit Services, Novagalicia Banco, Catalunya Banc, Unicaja, Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank, Liberbank, Caja León, Caja Jaén, Banco Ceiss, Barclays, Caja Castilla La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajasur, Banco Caixa Geral, Bankia, Mare Nostrum, Banca March o Citibank), empresas como Gas natural Fenosa, Nissan, Volkswagen o Europistas y procedimientos judiciales con gran repercusión mediática como el 'caso Noos', en el que fue condenado el cuñado del Rey, Iñaki Urdangarin.

En relación con este último procedimiento, la Sala considera probado que en octubre de 2015 Miguel Bernad se reunió con el director general de la Fundación La Caixa, Jaume Giró, con motivo de la retirada de la acusación de Manos Limpias a la infanta Cristina a cambio de dos millones de euros. Posteriormente, Pineda se reunió con el directivo del Banco Sabadell Gonzalo Barretino y le hizo llegar la posibilidad de retirar la acusación contra la Infanta a cambio de tres millones de euros. El directivo denunció los hechos ante la Policía.

No consta que los acontecimientos, dice el tribunal, «se desenvolvieran en un clima de presión del que se valieran los acusados Luis Pineda y Miguel Bernad». Por este episodio concreto, la Audiencia absuelve a ambos y a la abogada Virginia López Negrete, que ejercía la acusación en nombre de Manos Limpias.