El Banco de España avisa del riesgo de castigar a las entidades por la sostenibilidad de sus créditos

El supervisor no se niega a fomentar estas actividades, como correa de transmisión que son las entidades; pero ha puesto sobre la mesa algunos de los problemas que puede plantear las medidas de impulso, si de lo que se trata es de penalizar a la banca que no lo haga acorde a la normativa. La subgobernadora, Margarita Delgado, ha advertido de que todas estas medidas que afecten el a normativa de solvencia deben ser «escrutadas en profundidad» antes de su aplicación, para determinar su eficacia y alcance en cuanto a medición y reconocimiento del riesgo crediticio.

La número dos del supervisor plantea estas cuestiones en un artículo dentro de la Revista de Estabilidad Financiera, en medio de un contexto condicionado por el impulso a todo tipo de iniciativas verdes, también en el campo bancario. Delgado cuestiona si la regulación financiera debería desempeñar algún papel en la transición energética. Al ser las entidades las que autorizan financiación para unos u otros proyectos, al final tienen indirectamente la última palabra sobre el desarrollo sostenible.

Sin embargo, ese proceso pone encima de la mesa ciertos problemas, tal y como advierte Delgado. En concreto, las exposiciones del sistema bancario español frente a esos riesgos afectados por la transición energética representan alrededor del 25% de la cartera de préstamos dedicado a financiar las actividades productivas.

El debate subyace cuando la Comisión Europea ha aprobado una directiva por la que se establece que si los bancos conceden préstamos 'verdes', o más bien si las entidades financian actividades sostenibles, podrán beneficiarse de algunas de las medidas que se han puesto en marcha para fomentar una economía que cumpla con objetivos medioambientales y de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). El camino es largo, más aún en el entramado burocrático comunitario, pero las bases ya están puestas: las entidades que demuestren este tipo de financiación podrán aplicarse una reducción del 25% en las exigencias de capital que ahora les requiere la regulación.

Por ahora, se trata de un artículo incluido en la directiva CRR2. La norma ha sido aprobada recientemente por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, aunque tiene que ser adaptada por el Gobierno a la legislación española. Por eso se calcula que pueda entrar en vigor en el primer semestre de 2021.

Ese tipo de propuestas serían «la alternativa más recomendable desde el punto de vista de la eficiencia del proceso de adaptación», según Delgado. La otra opción pasa por elevar los requerimientos de capital para las actividades más contaminantes. Al hacerlo, el sistema contaría con unos bancos «más solventes», por lo que «parece la alternativa más adecuada desde un punto de vista prudencial». Sin embargo, advierte de que algunos autores han criticado su «posible falta de eficacia», que sí podría lograrse con la bonificación de algunas de las exigencias de capital.

La subgobernadora recuerda que «el capital es el último elemento que poseen las entidades a la hora de hacer frente a las pérdidas que puedan surgir en el desarrollo de su actividad, por lo que cualquier medida que afecta a su solvencia debe ser plenamente examinada y contrastada». En cualquier caso, Delgado ha resaltado que, con independencia de cuál sea seleccionada, las medidas «deberían ser temporales» y mantenerse activas «solo hasta que se complete el proceso de transición», ya que a partir de entonces las ventajas de las empresas más contaminantes ya habrían desaparecido. «Cualquier medida permanente de este tipo debería ser mucho más específica para que no influya en la composición sectorial de la actividad», ha advertido.