El Gobierno obligará a los bancos a dar una solución a los afectados por cláusula suelo en tres meses

El Grupo Socialista se abstendrá en la votación del real decreto ley cuando llegue a la Cámara Baja. El Gobierno había aplazado la aprobación de la solución extrajudicial para las cláusulas suelo en dos ocasiones para poder llegar al consenso con los socialistas. Ciudadanos, que ya había comprometido su apoyo a esta iniciativa, votará a favor.

Según lo pactado entre los tres partidos, los bancos deberán realizar una oferta de devolución que contemple la previsión «expresa y desglosada» de los intereses de demora que se hayan generado. En caso de que la entidad financiera ofreciera otro acuerdo al consumidor diferente a la devolución en efectivo del dinero cobrado de más, como por ejemplo la devolución mediante amortización parcial del capital del préstamo, el banco deberá informar por escrito y avalar con un documento la nueva oferta que, en todo caso, será equivalente al dinero que debe devolver. El consumidor tendría un plazo de 15 días para evaluar dicha oferta de la entidad financiera, que tiene carácter subsidiario.

Comisión de seguimiento

Las entidades financieras quedarán obligadas a informar a todos sus clientes que tengan cláusula suelo de esta vía extrajudicial. Se creará una Comisión de Seguimiento y Evaluación de las reclamaciones efectuadas que podrá proponer las medidas a su juicio necesarias para impulsar una correcta implantación del mecanismo extrajudicial. En este órgano estarán representados los consumidores, la abogacía y el Ministerio de Economía y Justicia.

El real decreto no eximirá con carácter general a las entidades de crédito del pago de costas si la reclamación termina en los tribunales. Así, si el consumidor obtuviese una sentencia más favorable que la oferta recibida anteriormente de las entidades de crédito, el juez podrá imponer a los bancos la condena en costas.

En el ámbito fiscal, las cantidades devueltas no estarán sujetas al IRPF, ya sea el abono por vía extrajudicial como judicial. No obstante, los ciudadanos que reciban lo cobrado de más por sus entidades bancarias deberán regularizar su situación fiscal con el Ministerio de Hacienda, devolviendo el exceso de deducción por vivienda en el IRPF si se beneficiaron de ella. Lo que no tendrán que pagar en ningún caso será sanciones, recargos o intereses de demora por el retraso de su regularización fiscal.

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, valoró ayer que el nuevo mecanismo sea «rápido, gratuito y transparente», mientras que la diputada socialista Margarita Robles destacó que se agilicen las reclamaciones que ya han presentado cerca de 1,7 millones de afectados en los juzgados.

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se mostró satisfecho porque su formación ha logrado introducir varias de sus reivindicaciones, como que los afectados puedan recuperar en efectivo el dinero y reclamar ante cualquier sucursal de su entidad.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, recordó que esta solución supone un «complemento» a la vía judicial y que «siempre se tendrá la posibilidad de ir al juzgado». El ministro consideró que «lo importante» en este procedimiento será definir la cantidad indebidamente cobrado por estas cláusulas. «A partir de ahí habrá negociación (entre el banco y el cliente)», indicó. Para De Guindos, el Ejecutivo solo puede fijar un cauce «mucho más sencillo y rápido» que el judicial, pero. «no puede hacer más», pues se trata de una negociación entre particulares.