El domicilio fiscal, una información clave para los autónomos

Según la Ley General Tributaria (LGT), en su artículo 48, el domicilio fiscal es el lugar donde «esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas». Las personas jurídicas y entidades residentes en territorio español tendrán como domicilio fiscal la dirección de su propia empresa, es decir, el local o las oficinas. En el caso de los autónomos persona física, esta ubicación podría ser tanto el sitio donde esté ubicado su negocio, como su propia vivienda, en el caso de que sea un profesional que trabaja desde casa.

Según la Agencia Tributaria, el incumplimiento de esta obligación de comunicar el cambio de dirección fiscal no sólo está recogido como infracción legal, sino que además puede conllevar otras consecuencias más allá de una multa. La más importante es que, si no está dado de alta en la dirección electrónica, cualquier requerimiento e información que se quiera comunicar se enviará al correo de la anterior dirección fiscal. Una vez notificada, la actuación seguirá su curso aunque el contribuyente no la haya leído.

Si un autónomo no comunica el cambio de domicilio fiscal a Hacienda, la consecuencia más directa a la que se puede enfrentar es a las sanciones previstas en el artículo 198 de la Ley General Tributaria. Mientras que el apartado 5 de esta norma va dirigido a los contribuyentes persona física que no realizan actividades económicas y prevé sanciones de cien euros, el apartado 1 va dirigido a los autónomos, empresas u otras formas jurídicas que sí desarrollan actividades económicas y prevé multas de 400 euros.

La Agencia Tributaria lleva años implementando diferentes sistemas de notificación electrónica. Es más, algunos contribuyentes están obligados a tributar mediante el llamado Sistema de Dirección Electrónica Habilitada, como las personas jurídicas, los que ejercen una actividad profesional que requiera colegiación, los que representen a un interesado o los empleados de la Administración Pública; y, además, existe la opción para todos de recibir las notificaciones electrónicas de la Administración a través del sistema 060, que alerta al contribuyente cuando Hacienda o la Seguridad Social se pone en contacto con él.

A pesar de ello, los autónomos persona física no están obligados a trabajar con estas herramientas y sigue siendo frecuente que muchos se comuniquen a través del sistema tradicional: las cartas certificadas. Cualquier requerimiento, diligencia de embargo o solicitud de información con trascendencia tributaria que envíe Hacienda tiene un plazo de contestación y su incumplimiento conlleva sanciones.

El incumplimiento de la obligación de comunicar cuál es el centro de trabajo no sólo puede conllevar sanciones de Hacienda. La Ley General de la Seguridad Social prevé también multas para todos aquellos autónomos que no cumplan con este requisito y también para los que no informen de las modificaciones o alteraciones que se produzcan. De hecho según los inspectores de Trabajo, esta última suele ser la causa más habitual de sanción.

En este caso existen dos tipos de infracciones: leves y graves. Las relacionadas con dar de alta el lugar del trabajo suelen tipificarse como leves, aunque cabe recordar que los inspectores pueden calificarla como grave si la actividad es considerada como peligrosa.

En el caso de la infracción leve, la cuantía oscila entre los 60 y los 625 euros, según sean de grado mínimo, medio o máximo. En la infracción grave, la multa asciende desde los 626 a los 6.250 euros, según sean de grado mínimo, medio o máximo, si la actividad que desarrolla el autónomo en dicho centro de trabajo tiene calificación de peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen.