Las asociaciones agrarias rechazan el decreto de transición de la PAC

No sólo consideran que va contra los intereses del campo sino que creen que se ha tramitado a espaldas del sector y con total falta de transparencia. Por todo ello, más allá de las críticas contundentes hacia este decreto de transición para la campaña 2023 ya han anunciado públicamente movilizaciones en cuanto las restricciones de la actual pandemia lo haga posible.

«Para el sector agrario andaluz, la aprobación de esta norma supone un grave perjuicio para el modelo social y profesional de la agricultura, que es clave para la economía andaluza, y va a generar un daño irreversible a un sistema productivo que distribuye riqueza, que genera el 90% del empleo agrario, gestiona el territorio y es el que fija población en nuestra región», explican en un comunicado conjunto las organizaciones Asaja, COAG, UPA y cooperativas agro-alimentarias.

A esto añaden que el real decreto supone «una reforma brutal con una convergencia casi total de forma inmediata, sin transitoriedad, y sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores».

Consideran también que es «del todo inoportuna, injusta y gratuita y que no va dirigida a fomentar la producción, ni el empleo, ni a luchar contra el despoblamiento, pues pretende plantear una tasa plana que primará la superficie sobre la producción».

A estas críticas el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, responde que «Andalucía no cambia en absoluto su situación» respecto al periodo anterior y que las alteraciones que puedan producirse afectarán a menos de un uno por ciento del total de perceptores en esta comunidad, una cifra que se estima en 227.000 agricultores. Así, según Planas, sólo una pequeña minoría sufrirá en estos años alteraciones que, «como máximo» serán de un 20 por ciento, por lo que la gran mayoría se quedará en un escenario «similar».

Por su parte, la Junta de Andalucía ha mostrado también en estas dos últimas semanas su rechazo al citado decreto por sus consecuencias negativas del sector. En este sentido, se unen a las críticas y argumentos de las organizaciones agrarias.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible abrió el pasado lunes 1 de febrero el plazo de presentación de la solicitud única de la Política Agrícola Común (PAC) relativa a ayudas y pagos de 2021. Las estimaciones basadas en las ayudas percibidas anteriormente apuntan a unos 1.555 millones de euros sumando las subvenciones de la PAC (1.441 millones) y los incentivos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 (114 millones), cuyo abono se pide también a través de la solicitud única.

Entre otras novedades en la solicitud única de la PAC, este año se aumenta la superficie controlada por monitorización con respecto a la campaña anterior y se incluyen novedades en los requisitos relativos al 'agricultor activo'.

El período establecido para presentar la Solicitud Única es de tres meses, por lo que permanecerá abierto hasta el día 30 de abril. Posteriormente, los agricultores y ganaderos que lo necesiten podrán realizar modificaciones en sus peticiones de ayuda, con carácter general, hasta el 31 de mayo. En el caso de los cambios derivados de la monitorización, en 2021 se amplía el período habilitado para comunicar a la Consejería de Agricultura esta información hasta el día 15 de septiembre.

Los detalles de la convocatoria 2021 se ponen a disposición de los ciudadanos, por un lado, mediante la publicación de la correspondiente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y por otro lado, a través de la página web de la Consejería de Agricultura.

Por otra parte, la Consejería de Agricultura ha ampliado hasta el 25 de febrero el plazo de presentación de solicitudes a la línea de ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, dotada con un presupuesto de 60 millones de euros. Además, la consejera Carmen Crespo ha adelantado que, en la «apuesta permanente por la innovación de la Junta de Andalucía», se ampliará en 40 millones de euros más a lo largo del periodo transitorio de la Política Agraria Común.

El periodo inicial concluía el 4 de febrero, pero «atendemos una demanda del sector» que debe aportar ahora toda la documentación, incluido un plan empresarial, con lo que se persigue agilizar la resolución y el pago.