Verdades y ‘posverdades’ sobre las pensiones

«La utilización política de la demografía no es nueva. Ya en los años 60 quienes querían impedir el acceso de la mujer a la píldora anticonceptiva en Francia argumentaban que si la gente sólo tuviera los hijos que deseara, la población disminuiría dramáticamente», recordaba la catedrática de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Barcelona, convocada junto a otros expertos por la Fundación Unicaja para debatir durante tres días en Málaga sobre el envejecimiento, la inmigración y otros temas vinculados a la demografía en las Jornadas sobre retos económicos y sociales de la población española.

Proyecciones alarmistas

Cabré no fue la única en criticar el alarmismo que se está generando sobre la viabilidad de las pensiones en España, ni en alertar sobre la escasa fiabilidad de las catastrofistas proyecciones de población que tantos titulares acaparan. «En los años 60 la ONU decía que morirían millones de personas de hambre por la superpoblación del planeta: eso no ha pasado», afirmaba otro experto en demografía más conocido por su faceta política: el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina. «Las proyecciones nunca se cumplen porque están basadas en las condiciones actuales», apuntaba Cabré. Incluso el subdirector de Estadísticas Sociodemográficas del INE, Antonio Argüeso, admitía que las proyecciones de población de su institución son «muy discutidas, y con razón» porque «siempre fallan». Y puso otro ejemplo: hace dos décadas se llegó a vaticinar que España nunca llegaría a los 40 millones de habitantes.

El exdirector del CIS, Félix Requena; la hasta hace pocos días directora del Departamento de Investigación del mismo organismo, Berta Álvarez; y el autor del libro El suicidio demográfico de España, Alejandro Macarrón, protagonizaron junto a los mencionados Leguina, Cabré y Argüeso una serie de ponencias y debates de alto nivel intelectual que, inevitablemente, volvían una y otra vez al mismo problema: el envejecimiento de la población y sus consecuencias socioeconómicas: desde el gasto público en pensiones, sanidad y dependencia hasta el riesgo de caer en una gerontocracia o el decaimiento de la economía y el consumo. No obstante, también se comentaron efectos positivos como la bajada de la criminalidad.

Cabré se rebeló contra la creencia de que la demografía es la causa de la insostenibilidad de las pensiones. «Está claro que el sistema de pensiones no aguanta, pero no por el envejecimiento de la población sino por el paro y los bajos salarios», apuntó, criticando el miedo que se ha metido a la población «a cuento de la famosa hucha». A largo plazo, reconoció, «un sistema de pensiones que se paga sólo con impuestos al trabajo no se mantendrá de aquí a 2050», no sólo porque abrá muchos más jubilados sino porque «no sabemos qué relación tendremos con el trabajo». En su opinión, «no es ningún sacrilegio pensar en pagar las pensiones con otros impuestos». «Lo básico para sostener el sistema es la voluntad política de sostenerlo», sentenció. Leguina, que puso a su ponencia el significativo título La demografía y el arte de asustar, coincidió con sus argumentos. «Nos dicen que las pensiones son insostenibles por el envejecimiento. ¿A ver si el problema no son los cuatro millones de parados?», cuestionó, afirmando que la solución al problema viene « de un aumento de la productividad y un mejor reparto de la renta».

Alejandro Macarrón fue quien más preocupación mostró por el envejecimiento de la población y afirmó que el déficit de natalidad español es «demasiado grande» y, si no revierte, el país estará condenado «a semidesaparecer». Por ello reclamó políticas de fomento de la natalidad y «una gestión proactiva» de la inmigración.