Industria advierte de que cerrar las nucleares supondría pagar un 14% más por la luz

El ministro de Industria, José Manuel Soria. /
El ministro de Industria, José Manuel Soria.

El ministro José Manuel Soria se muestra en contra de limitar la vida de las centrales a 40 años por ley, como piden PSOE y C´s

JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

La posibilidad de que el futuro nuevo Gobierno limite la vida útil del parque nuclear español a 40 años, como así quedó plasmado ayer en el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, ha provocado la reacción del sector y del actual Ejecutivo en su defensa de estas centrales dentro del mix energético del país. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha indicado que esta propuesta "encarecería la facturación de la electricidad por encima del 14%". Lo ha hecho en declaraciones a Radio Nacional, en las que ha indicado que no le gusta el pacto porque "quieren suprimir todas las centrales sin ninguna posibilidad de prórroga".

Soria ha recordado que las cinco centrales nucleares españolas -con siete reactores en total- representan el 21% de la generación eléctrica y ha indicado que es una energía "limpia", defendiendo el sistema actual por el que el Consejo de Seguridad Nuclear determina, en cada caso, si la vida de una planta podría seguir adelante "cinco, diez o quince años más". En estos momentos, la central de Garoña (Burgos) es la única que se encuentra en el periodo de estudio por parte del CSN para autorizar una posible prolongación de su actividad. El resto de centrales 'caducan' a partir de 2020.

El incremento del 14% del coste calculado por Industria se refiere al precio que se paga por la luz diariamente en el mercado mayorista, aunque esa referencia representa un tercio de la factura, por lo que ese posible impacto en el recibo mensual representaría, como media aproximada, un 5%. El precio subiría, según los cálculos del Ministerio, porque habría que sustituir la energía producida por las centrales por otro tipo de fuentes energéticas, como las de ciclo combinado, gas o renovables, con diferentes costes, dependiendo de cada momento frente a la retribución fija que se les otorga a las centrales atómicas.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Ramón Torralbo, ha recordado que el "cierre prematuro" de las centrales nucleares, como plantean PSOE y Cs, "podría incurrir en mayores costes de los inicialmente previstos si se realiza de forma precipitada". Torralbo ha realizado estas declaraciones durante la Jornada de Experiencias Operativas de las nucleares en 2015, en un acto en el que también ha matizado que si se apuesta por esta moratoria a 40 años vista desde su construcción, "el ciudadano tiene que saber tanto el coste económico que conlleva como el de cumplimiento de objetivos medioambientales". Se refiere a los requisitos de la COP (Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático), en las que se exige a España el cumplimiento de las emisiones del país.

Ante el planteamiento de fijar la vida útil nuclear a cuatro décadas, José Ramón Torralbo también ha indicado que podría no estar disponible el almacén temporal centralizado, cuya construcción se encuentra pendiente de los permisos del CSN y los de Industria. Llegado ese caso, "se encuentran los almacenes individuales de cada central", aunque, según indica, con un coste global mayor que el del propio ATC a la hora de gestionar los residuos, una circunstancia que también afectaría a la factura final.

De las plantas que se encuentran actualmente en funcionamiento, la de Almaraz (Cáceres) es la que se encuentra más próxima al fin de su periodo ordinario de actividad. La licencia del reactor de Almaraz I expira en el año 2021 (fue puesto en marcha en 1983); dos años después, en 2023, llegaría el momento de decidir sobre el futuro de los reactores Almaraz II y Ascó I (Tarragona); en el año 2025 cumple el plazo de Ascó II; en 2027 el de Vandellós II (Tarragona); en 2028 el de Trillo (Guadalajara); y en 2034 el de Cofrentes (Valencia). Por su parte, la central de Zorita (Guadalajara) se encuentra en fase de desmantelamiento, mientras que las de Valdecaballeros, Escatron, Lemoniz, Santillán, Regodola y Sayago son proyectos paralizados por la moratoria nuclear aprobada por el primer gobierno de Felipe González.

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