La Fiscalía pide 4 años de cárcel para Díaz Ferrán por el caso Marsans

Tanto Díaz Ferrán como el empresario valenciano serán juzgados el próximo 2 de julio por alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal presuntamente cometidos durante el vaciamiento patrimonial de Marsans, por el que este mismo fiscal ya ha pedido 15 y 8 años de prisión, respectivamente, y otros 4 y tres meses para Losada.

Marsans, propiedad de Díaz Ferrán y de su socio ya fallecido, Gonzalo Pascual, dejó de pagar desde 2009 a los mayoristas de viajes (sociedades como Pullmantur, Catai, Tanshotel o Solplan) el dinero que recibía de sus clientes por reservas de viajes contratados, según la fuente. Esto determinó que los mayoristas modificaran las condiciones de pago al Grupo Marsans y exigieron el pago anticipado de los productos comercializados y cobrados por el detallista.

Sin embargo, "lejos de destinar los fondos depositados por los clientes al pago de los servicios contratados", los usaron "a otros fines ajenos", con lo que los clientes perdieron el dinero anticipado y no pudieron disfrutar del viaje "salvo que lo abonaran nuevamente al mayorista o a otra agencia". Como consecuencia, vieron canceladas sus reservas y no obtuvieron el reembolso, bien porque "desistieron de volver a pagar" al mayorista correspondiente, o porque le "solicitaron, sin éxito, la devolución de la señal" al saber que ésta exigía el pago de la totalidad del precio, "negando eficacia alguna" a los abonos ya realizados a Marsans.

Cerca de 5.000 clientes estafados

De esta forma, se dieron casos de consumidores a los que no se le devolvió por falta de fondos y otros que, habiendo abonado el importe total a las agencias del Grupo Marsans, no disfrutaron de los servicios al llegar a destino porque el proveedor no había recibido el dinero o tuvieron que volver a afrontarlo en su totalidad.

Otros compradores sí obtuvieron de su banco el reintegro cuando los pagos se hicieron con tarjeta de crédito o porque "tuvieron la fortuna de que la oficina dispusiera en ese momento de dinero en efectivo en contra de las instrucciones dadas por los querellados".

En total, fueron 4.706 clientes, que desembolsaron entre 130 euros y 5.834 euros, los que vieron cómo el dinero de sus vacaciones, 4,4 millones de euros, se destinaron "a usos diversos de los pactados".

Además, las compañías del grupo estaban autorizadas a vender billetes de 70 compañías aéreas participantes en el Sistema BSP de España en virtud de los contratos firmados con IATA. Pero a partir de abril de 2010, en lugar de pagarles, usaron el dinero "con fines propios o de su entremado societario", con lo que dejaron de ingresarles casi 5,4 millones de euros.

Entre el 1 de marzo y el 31 de julio de ese año, las sociedades de Marsans tramitaron reservas por las que recibieron 7.570 depósitos de clientes. Para desviar el dinero, modificaron la operativa interna seguida en relación con los depósitos recibidos por los clientes.

Hasta el 19 de abril de 2010, las sucursales de Marsans y Viajes Crisol siempre habían dispuesto de cuenta bancaria propia en una entidad cercana a la oficina, desde la que "cada noche sus saldos eran barridos" a otra centralizada. Ese día, el departamento de auditoría interna del grupo envió un correo a sus filiales para que los ingresos se hicieran en una única cuenta y evitar así que el dinero "fuera objeto de bloqueo como consecuencia de los posibles embargos", al tiempo que se daba orden de que no tuvieran más de 300 euros en efectivo.

Con esta operativa, se ingresaron en esa cuenta 2,4 millones, de los que 1,07 se traspasaron a otras sociedades y 1,14 fueron emitidos en 13 cheques en junio, de los que sólo tres volvieron a Viajes Marsans, según la fuente.