Las eléctricas tendrán que devolver cerca de 320 millones a los consumidores

El ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, ya aclaró días atrás que la devolución «dependerá del perfil del consumo de cada uno». Pero, ¿cuándo se realizará? «Eso depende de cada compañía», matizó, aunque en todo caso será «antes del próximo 30 de agosto». Son algunas de las muchas novedades que ha traído el nuevo mecanismo de fijación de precios de la electricidad, que entró en vigor a principios del mes pasado. Precisamente durante abril el sobreprecio pagado por los consumidores conforme a la evolución del mercado mayorista superó los 16 millones de euros.

No obstante, el Gobierno ha dado a las comercializadoras un periodo transitorio de tres meses para que adapten sus sistemas. Esto implica que las eléctricas pueden continuar facturando con el precio provisional hasta el 1 de julio, aunque tendrán que ajustar los recibos con posterioridad para que los consumidores paguen conforme al nuevo modelo. Hasta ahora, solo E.ON España ha anunciado que empieza a aplicar las nuevas tarifas, por lo que prácticamente todos los clientes acogidos a los precios regulados tendrán que ser refacturados, por ahora, a su favor.

El sistema que sustituye a las subastas trimestrales Cesur viene a referenciar la tarifa al precio del mercado de electricidad. El nuevo escenario plantea hasta cuatro modalidades de recibo. Primero, para los consumidores que no disponen de contador digital conectado y operativo para transmitir datos (es decir, la mayoría). A ellos se les aplicará el precio del mercado diario fijado cada hora, aunque en función de unos perfiles de consumo elaborados por Red Eléctrica. Y siempre en base a las lecturas reales del contador, que se realizarán cada dos meses.

Para los que sí disponen de equipos de medida digitales, la facturación se llevará a cabo a partir de las medidas horarias reales. Red Eléctrica publicará el precio promedio que se aplicará al recibo de cada consumidor en función de su periodo de facturación. Adicionalmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispondrá de un simulador donde se podrá obtener el precio final a pagar por el consumidor una vez introducidos el día inicial y final del periodo de facturación, el consumo y la potencia contratada.

El precio fijo, más caro

Además, las comercializadoras deberán ofrecer un precio fijo anual de la energía -no confundir con una tarifa plana- para aquellos consumidores que así lo deseen. Las ofertas estándar serán comunicadas a la CNMC y publicadas después en su web «para que sean sencillamente comparables». Las primeras se pueden consultar desde finales de abril y, en el caso de las cinco comercializadoras eléctricas de referencia citadas antes, suponen un encarecimiento de entre el 10% y el 15% respecto al comparador que ofrece el regulador de mercado, con precios que van desde los 687 euros al año (impuestos incluidos) de EDP a los 723 euros de Endesa.

Los clientes, en cualquier caso, también tienen la opción de pactar de forma bilateral un precio propio con la comercializadora correspondiente. Es decir, salirse de la tarifa y acudir al mercado libre que, sin embargo, no está funcionando precisamente bien hasta ahora, según los últimos informes publicados por la CNMC.

El real decreto que valida el nuevo mecanismo otorga a las empresas un periodo de adaptación de tres meses (abril, mayo y junio). Si tuvieran que emitir alguna factura durante ese tiempo, y no tuvieran listo el nuevo sistema -que será lo más probable-, aplicarán el precio fijado por el Gobierno (los 48,48 euros Mw/h). Luego, en su primer recibo con el nuevo sistema, se regularizará a cada consumidor la diferencia entre esos 48,48 euros y el precio medio del pool.

Este método de cálculo, que sólo afecta a la parte del recibo vinculada al consumo de energía -no a los peajes de acceso-, es visto con recelo por las compañías eléctricas, fundamentalmente por la complejidad de su aplicación y porque se sienten ninguneadas por Industria. Además, ha puesto en pie de guerra a las asociaciones de consumidores, que han llegado a tachar de aberración el nuevo sistema y se quejan de que «imposibilitará la comparación real de precios, generando así discriminación entre los usuarios».