La SGAE destituye a Pilar Jurado como presidenta

Este ha sido el resultado que ha salido de la junta directiva extraordinaria celebrada telemáticamente esta tarde tras la solicitud de esta moción de censura presentada por 22 de sus 35 miembros y que se convocó con este único punto del orden del día ante lo que consideran una falta de transparencia «como jamás se ha visto» en la entidad, según han informado a Efe fuentes de la junta directiva.

Según el artículo 71 de los estatutos de la entidad de gestión, la presidencia la ocupará el Vicepresidente socio autor de más edad, que en la actualidad es Fermín Cabal, del Colegio de Gran Derecho. A partir de ahora, además, se abre un periodo de un mes para que entre los miembros de la Junta Directiva salga elegido otro presidente que agote mandato, hasta finales de 2022.

Los 22 firmantes de esta solicitud de moción de censura han llegado a esta situación por el reciente nombramiento de Clifton Jerome Williams López como subdirector general de la SGAE y de Enrique Soria García-Ramos como director económico financiero de la entidad.

Unos nombramientos por los que también el Ministerio de Cultura ha pedido explicaciones a la SGAE en un requerimiento de la directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, Adriana Moscoso, en el que recuerda que, como ya se les informó el 28 de junio de 2018, la entidad «no puede ni modificar el organigrama de la entidad, ni contratar nuevo personal directivo en tanto no reciba indicación distinta de este Ministerio».

El Ministerio explica que el pasado 6 de abril y mediante escrito de su secretario general, la SGAE informó de que su Consejo de Dirección, reunido el 2 de abril de 2020, había acordado los nombramientos de Clifton Jerome Williams López y de Soria García-Ramos y adjuntó el nuevo organigrama de la SGAE aprobado por el consejo de dirección en esa misma sesión.

Por ello, requiere a la entidad para que remita la descripción del nuevo organigrama de la SGAE, incluyendo el contenido detallado de las funciones de cada una de las direcciones que lo conforman; la justificación económica para la aprobación de un nuevo organigrama y las mejoras en términos de productividad en relación con los ingresos de la entidad que conlleva.

Cultura insiste en que con carácter previo a acordar cualquier propuesta de modificación de su organigrama o de contratación de nuevo personal directivo, la SGAE debe informar al Ministerio y le conmina a abstenerse de someter a la Junta directiva o al Consejo de dirección cualquiera de estas propuestas.

Asimismo le recuerda que la falta de atención a los requerimientos del Ministerio de Cultura y Deporte constituye una infracción leve.

El pasado 30 de enero, la asamblea general extraordinaria de la SGAE aprobó sus nuevos estatutos para dar luz verde a su adecuación a la normativa europea, a alejar una posible intervención de Cultura y a ser readmitida en la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, de la que fue expulsada temporalmente.

Los 22 firmantes de la solicitud de la moción de censura han sido Ana Fernández Graciani, Antonio Hens Córdoba, Antonio Manuel Meliveo, Antonio Ruiz Onetti, Arturo Luna, Carlos Navarro Ballesteros, David Planell, Eduardo Galán, Faustino Fernández, Fermín Cabal, Juan José Solana, Joanes Urkixo, José Eusebio Rojas, José Carmona, Juan Fernández Gálvez, Laura Prieto, María Pagés, Pablo Salinas, Rafael Galán, Silvia Pérez de Pablos, Teo Cardalda y Yolanda García Serrano.

Antes de que se celebrara esta tarde esta reunión extraordinaria, los miembros de la Junta Directiva han recibido una carta en la que Pilar Jurado responde a una misiva enviada el 9 de abril por la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) -organismo de la que fue expulsada temporalmente el años pasado la SGAE- en la que critican su gestión, los nuevos estatutos, las normas de reparto de derechos de autor o el «conflicto de intereses» entre sus miembros.

Unos problemas aún sin resolver ante los que la CISAC dice que la «única solución viable» es la convocatoria de elecciones generales «lo antes posible».

En este sentido, la respuesta de Jurado a la que ha tenido acceso Efe está encabezada por unas palabras en las que la artista afirma que «una vez leídas y estudiadas» sus observaciones, la CISAC «ha debido de interpretar mal algunos» de sus «avances».

«La solicitud de nuevas elecciones basada en una supuesta ilegalidad de la actual Junta Directiva -dice Jurado- recordarles que ésta es absolutamente legal y enmarcada en los Estatutos vigentes en este momento. Los nuevos Estatutos, en cuanto puedan aplicarse, permiten las Elecciones Parciales para los puestos vacantes».