El juez imputa a Caco Senante por desviar 30.000 euros de la SGAE

El magistrado cree que Senante, miembro del Consejo de Administración de la sociedad desde julio de 2007, pudo haber cobrado irregularmente unos emolumentos de 30.354,32 euros desde octubre de 2010 hasta junio de 2011, coincidiendo con la etapa del presidente Teddy Bautista, canario como Senante.

La Fiscalía Anticorrupción ya reclamó su citación por un delito de apropiación indebida a tenor de la documentación obrante en el procedimiento que refleja que Senante pudo "haber procedido a cobrar de modo presuntamente irregular unos emolumentos () mediante la emisión de facturas a la SGAE a través de una sociedad, por un importe no inferior a 30.000 euros, por prestación de servicios en la Comunidad autónoma de Canarias".

Los informes de la de la Guardia Civil detallaron que se efectuaron un total de nueve pagos a la sociedad Algo distintos SL, de la cual Senante es administrador único, por dicha cuantía entre el 31 de octubre de 2010 y el 5 de junio de 2011, sin que haya constancia de que se formalizase ningún documento de contratación, de las labores a realizar o las cantidades a percibir.

Tampoco figura ninguna referencia en las actas del Consejo de Dirección aportadas por la SGAE sobre dichos traspasos de dinero. Además, los investigadores han detectado un "escaso" seguimiento de los trabajos realizados por la empresa de Senante, siendo escasa también la información aportada por él mismo a la sociedad de autores.

Ruz también ha citado como testigos para el próximo 23 de septiembre a Juan Nebreda de Nicolás, quien ocupó el puesto de director de socios y clientes de la SGAE, y al ex director de gestión de la información Juan Manuel Macarro Arrojo, que sustituyó a José Luis Rodríguez Neri en esta área. Para el 24 de septiembre ha dejado a Francisco Galindo Villoria, quien fuera secretario general de la SGAE.

Por último, el juez ha dado de plazo hasta el 30 de septiembre para la presentación de informes periciales pendientes, entre ellos el de la Intervención General de la Administración del Estado, que debería determinar el montante final de los fondos desviados en la sociedad.