Tramitan una demanda contra el exalcalde de Benalmádena por la explotación del aparcamiento de Tivoli

Esta causa se inició tras la demanda de reclamación de cantidad presentada en junio de este año 2024 por la persona que tenía hasta octubre de 2020 la explotación del aparcamiento del Tivoli, que databa de 1997, según se recoge en dicho documento, que se dirige contra el exregidor, el entonces jefe de la Policía Local y otras dos personas.

El demandante consideraba en dicha demanda inicial que «con los problemas surgidos en el parque de atracciones», que cerró y entró en quiebra, a finales de 2020 «le fue de una forma completamente ilegal retirada la explotación de tal aparcamiento» para dársela a una asociación.

Inicialmente se recurrió a la vía penal y el asunto llegó a la Audiencia Provincial que estimó que no era pertinente esta vía, sino que en todo caso debía tramitarse el asunto por la vía civil o administrativa, «sobre todo teniendo en cuenta la trascendencia económica que tenía el tema», al reclamar una deuda de 282.000 euros desde octubre de 2020.

La demanda precisa todos los burofax y cartas enviadas al respecto e incide en la actuación de los demandados supuestamente irregular respecto a la explotación de un terreno «privado y no público», que «pertenece al parque Tívoli World», por lo que se precisa que no depende del Ayuntamiento «ni su titularidad ni su explotación, ni su uso».

Por contra, el exregidor ha explicado que al entrar el parque en concurso de acreedores el demandante «decía que cobraban a beneficio de Tivoli», pero tras las correspondientes actuaciones «se vio que cobraban a beneficio de ellos mismos por lo que se instó a que se retiraran de allí».

Además, ha señalado que como alcalde se puso en contacto con el administrador concursal de Tivoli, el cual le comunicó «que no había ningún contrato, si acaso podría haber un acuerdo con los anteriores propietarios de que, mientras estuviera el parque abierto, podían cobrar un euro».

Asimismo, ha indicado que esa explanada «es un sistema general» y, aunque en los documentos de propiedad «aparece que es de Tremon, en cualquier desarrollo urbanístico hay un porcentaje que es aprovechamiento, y esa explanada es parte de ese porcentaje de aprovechamiento, con lo cual es público».

«Como no había ningún tipo de sostén jurídico, se hizo lo que se hace habitualmente cuando alguien cobra de forma ilegal en una explanada que en principio es pública, que se envía a la Policía Local», ha manifestado Navas, quien ha indicado que para organizar el aparcamiento se hizo un convenio desde el Ayuntamiento con una asociación de inserción social, que están en otras zonas públicas.

En declaraciones a Europa Press, el exregidor ha incidido en que el demandante presentó «un contrato muy antiguo que habla de la explanada de aparcamiento, pero no la de abajo, de donde le quitamos a ellos, sino de la que hay arriba», en la que podría «cobrar cuando Tivoli estaba abierto, pero estaba cerrado desde 2020».

Navas ha incidido por este asunto «se ha intentado poner la denuncia en lo penal y se ha archivado» y ha apuntado que su representación en este caso ha presentado un recurso «diciendo que en cualquier caso, si hay alguna jurisdicción competente, es la mercantil».

«Todo lo hemos hecho con la total honestidad y legalidad y honradez», ha manifestado Navas, quien ha lamentado que «lo utilizará políticamente el Gobierno local actual para desgastar mi imagen» y ha expresado su preocupación «por la pena de banquillo» más que por el caso en sí que, ha dicho, «va a quedar en nada».