El caso del 'Auschwitz' animal de Torremolinos: cientos de perros y gatos exterminados por dinero

En teoría, era una asociación sin ánimo de lucro. Fundada en 1996, tenía el supuesto objetivo de recoger animales abandonados y buscar dueños responsables que les proporcionaran un nuevo hogar. Años después llegó a disponer de una residencia canina y un centro zoosanitario. Era financiada mediante los donativos de sus socios y los beneficios de la residencia y, además, recibía cada año cerca de 27.500 euros del Ayuntamiento de Torremolinos, propietario de los terrenos. También cobraban a particulares por la recepción de los animales.

En junio de 2010, la Guardia Civil puso en marcha una investigación tras la denuncia por maltrato animal de un veterinario que había trabajado en la asociación. El empleado aportó varias grabaciones realizadas por teléfono móvil para evidenciar que los animales estaban siendo eutanizados de forma masiva e injustificada. En un demoledor informe, el Seprona relató que, durante una visita sorpresa a las instalaciones de la protectora, encontró congeladores con 44 gatos, siete perros, una gaviota y dos cajas con despojos de carne troceada.

Algunos de estos animales «no presentaban rigor mortis», por lo que habrían sido congelados antes de su fallecimiento. En el contenedor de la basura «había dos gatos muertos en bolsas de plástico y residuos sanitarios peligrosos». La Guardia Civil también requisó cinco facturas, con cargo al Ayuntamiento de Torremolinos, por la incineración de 702 animales (perros y gatos) entre el 30 de abril y el 31 de agosto de 2010. Los agentes mostraron «el asombro por el elevado número de animales incinerados en tan solo cinco meses».

Los sacrificios, por parte de Marín y un ayudante, se realizaban sin tener titulación veterinaria en jornadas que la Fiscalía calificó como «auténticas sesiones de exterminio». Ambos se introducían en las jaulas a primera hora de la mañana para eutanizar a los animales. Antes apagaban las cámaras de seguridad y subían el volumen de la radio, conectada a los altavoces, para silenciar los alaridos de los animales, que agonizaban durante horas debido a que recibían menos producto eutanásico del necesario para ahorrar costes. Este producto era inyectado por vía intramuscular en vez de intravenosa, como es preceptivo, algo que provocaba una dolorosa y lenta agonía a los animales.

Durante el juicio, uno de los empleados aseguró a los agentes de la Guardia Civil que Carmen Marín «se jactaba de sacrificar animales y recriminaba que los demás gastábamos mucho producto eutanásico y nos decía que con menos cantidad también se acababan muriendo», aunque la mala administración del producto causaba «agonía» en las mascotas. El fiscal calculó que, «por tal cruel procedimiento», los acusados «sacrificaron y entregaron para su incineración» más de 2.180 animales entre los meses de enero de 2009 y octubre de 2010. Los empleados afirmaron que los exterminios «eran tan indiscriminados» que, en una ocasión, Marín llegó a quedarse sin animales y tuvo que ir a buscar perros a la protectora El Paraíso, en Alhaurín de la Torre.

Otros testigos relataron que recogieron perros o gatos encontrados en la calle para llevarlos al parque y que, horas después, cuando los propietarios eran localizados, habían desaparecido. La excusa oficial era que habían sido dados en adopción, pero la ley establece que los animales abandonados o perdidos no pueden entregarse o sacrificarse hasta transcurrido un plazo mínimo de diez días desde su recepción.

Por dinero. La Audiencia Provincial acaba de condenar a Marín a dos años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. Considera probado que utilizó los fondos de la asociación Parque Animal, regados con dinero público, «con ánimo de ilícito beneficio y en ejecución de un plan preconcebido». Realizó pagos a unos grandes almacenes por importe de 104.384 euros para reformar y decorar la clínica de medicina estética de una de sus hijas en Los Álamos. También adquirió un coche por importe de 14.000 euros. Con cargo a la protectora, Marín realizó compras igualmente en un conocido supermercado, un servicio de alquiler de coches y una gran superficie para mayoristas.

La cuenta corriente de Parque Animal sirvió además para que Marín y su familia pagaran veinte clases prácticas en una autoescuela, cuotas mensuales en un gimnasio y un sistema de seguridad para un domicilio particular. La sentencia, a la que este periódico ha tenido acceso, también considera probado que Marín pagó estancias en hoteles de lujo de Marbella, Lisboa, Salamanca, Nerja, Bilbao, Jerez de la Frontera, Marrakech, Boston y San Petesburgo. Todos estos gastos fueron cargados a las cuentas corrientes de la falsa protectora de animales de Torremolinos. Además, el auto sostiene que Marín realizó pagos en restaurantes por importes superiores a los 11.000 euros entre 2008 y 2010.

Marín estuvo en prisión más de dos años por delitos de falsedad documental y maltrato animal. Cumplió su condena, pero ahora ha recibido otra pena: otros dos años de cárcel por apropiación indebida. También deberá pagar más de 300.000 euros. Esta nueva sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, de modo que se desconoce si Marín, que además alega problemas de salud, volverá a entrar en prisión.