El juez que ha condenado a la dueña de la protectora de Torremolinos pide penas más duras contra el maltrato animal
La sentencia de tres años y nueve meses de prisión para Carmen Marín es histórica en un caso de maltrato animal en España
Alberto Gómez
Martes, 10 de enero 2017, 00:52
El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga condenó ayer a la presidenta de la protectora de animales de Torremolinos, Carmen Marín, a la ... pena de tres años y nueve meses de prisión y a una multa de casi 20.000 euros por los delitos de maltrato animal continuado y falsedad documental. El juez considera probado que Marín «impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos» para llevar a cabo sacrificios «masivos e injustificados» de perros y gatos con la colaboración de su ayudante, Felipe Barco, condenado también a un año de cárcel. La sentencia, histórica en un caso de maltrato animal en España, recoge que los sacrificios se realizaban «sin control veterinario alguno», a través de la inyección de producto eutanásico «sin sedación previa, por vías inadecuadas» (intramuscular en vez de intravenosa) y en dosis más bajas de las recomendadas, algo que provocaba «una dolorosa y prolongada» agonía a los animales.
La mayor parte de la pena de cárcel, dos años y nueve meses, corresponde al delito de falsedad documental, ya que el juez considera que los listados de incineraciones enviados al Ayuntamiento de Torremolinos, que pagaba por estos servicios, fueron «manipulados» para incluir la participación de veterinarios «que nunca habían intervenido» en los sacrificios. Según la sentencia, estas «auténticas sesiones de exterminio», como las definió el Ministerio Fiscal, «no atendían a ningún criterio por la edad o estado de salud de los animales o porque hubiesen transcurrido más de diez días desde que fueran albergados», sino que tenían una finalidad «lucrativa, pues de esta manera las instalaciones de la asociación quedaban siempre libres para poder albergar y recibir nuevos animales, cobrando por ello».
En cuanto al delito de maltrato animal, el magistrado impone a Marín y su ayudante un año de prisión, la máxima pena permitida por la ley española. En este punto, el más impactante de la sentencia, el juez expone que «sería deseable» la modificación del Código Penal para incorporar la posibilidad de elevar la pena «en uno o dos grados» cuando los hechos revistieran extrema gravedad. Esta reforma «permitiría dar una respuesta punitiva más proporcionada a casos como el ahora enjuiciado».
Contundencia
La contundencia mostrada por el juez obedece «al sufrimiento» al que eran sometidos los animales antes de morir, al masivo número de sacrificios «y a la defraudada confianza de todos los socios y particulares que entregaron perros y gatos creyendo que se les buscaría un hogar». La sentencia también tiene en cuenta el agravante que supone que Marín y su ayudante «eran responsables del bienestar de los animales cuyas vidas segaban».
Marín, que durante años predicó una política de sacrificio cero, podrá recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial. El juez también cree demostrada la comisión de un delito de intrusismo profesional, por lo que condena a la presidenta de Parque Animal a una multa de 10.800 euros. Por la falsedad documental, Marín deberá pagar 9.000 euros, además de indemnizar a varias personas que dejaron animales con cien euros a cada una. La sentencia especifica que las multas, a las que se suma el pago de 30 euros diarios, responden al patrimonio inmobiliario declarado por Marín, con dos edificios y tres locales de más de 30 pisos en total.
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