El Juzgado anula la protección de los terrenos de Tivoli y abre la puerta a que en ellos se puedan instalar actividades comerciales
El TSJA acaba de anular el acuerdo al que llegó el pleno del Ayuntamiento de Benalmádena en 2023, para que el uso de esa parcela fuera solo como parque de atracciones
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de anular el acuerdo al que llegó el pleno del Ayuntamiento de Benalmádena en abril de ... 2023 y que fue votado favorablemente por todos los grupos políticos con representación en aquel momento, siendo alcalde entonces el socialista Víctor Navas. Dicho acuerdo supuso la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio para que los terrenos donde se ubica Tivoli pudieran tener un uso exclusivo como parque de atracciones. Hasta entonces, el uso que tenían recogido dentro del planeamiento urbano era «comercial» y se cambió para que fuera solo como «parque de atracciones». La jugada era evitar, que después de años de cierre, la propietaria del parque, el grupo inmobiliario Tremon, pudiera levantar en ese entorno otra actividad comercial y que eso supusiera el adiós definitivo al mítico parque.
Ante esto, Tremon decidió recurrir ante los juzgados dicho acuerdo y la sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga le ha dado la razón, entre otros motivos, porque entiende que el Ayuntamiento debía haber tenido en cuenta el informe que emitió en 2022 el Consejo Consultivo de Andalucía, que informó desfavorablemente al cambio de uso, al entender que el mismo, no estaba suficientemente justificado. El Consejo Consultivo ya dijo entonces que su negativa debía tener un carácter vinculante, pero el Ayuntamiento decidió seguir adelante, en base a una serie de argumentos legales. Ahora el TSJA entiende que ese informe sí era vinculante y por tanto no debía de haberse llevado a cabo el cambio de uso.
Igualmente, en su sentencia el TSJA coincide en que hay «usencia de concreción» en la justificación del interés público por el que, según el Ayuntamiento, se llevó a cabo dicha operación urbanística. «No observamos ninguna referencia a un interés público directamente satisfecho... No se explica la necesidad específica de una zona de aparcamiento de más de 20.000 metros cuadrados... ni en definitiva a qué demanda social pretende dar satisfacción... de manera que se identifique con la debida precisión su utilidad para el funcionamiento urbanístico de la globalidad del municipio».
Por todo ello, los magistrados de la sala de los Contencioso Administrativo entienden que el acuerdo plenario debe de anularse, aunque eso sí, informan de que cabe recurso de casación frente a esta sentencia. Esto supone que los terrenos vuelven a tener un uso comercial y, por tanto, en ellos se puede ubicar, además de un parque de atracciones, cualquier otra actividad que pueda enmarcarse dentro de esa catalogación.
Hay que recordar que el parque de atracciones Tivoli lleva cerrado cuatro años y de su mantenimiento se encargan de manera altruista algunos de sus ex trabajadores. El actual equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Benalmádena lleva meses negociando con Tremon las condiciones de su reapertura, sin que de momento se hayan dado a conocer los resultados de esas conversaciones. Eso sí, el actual alcalde, Juan Antonio Lara (PP) sí ha dejado la puerta abierta a que allí se pueda construir un centro comercial, siempre que lleve aparejada la reapertura de Tivoli.
El Gobierno local pide ahora «prudencia» y estudia la sentencia
El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara (PP), pidió «prudencia» tras conocer la sentencia y aseguró que la están estudiando «en profundidad», junto con los servicios jurídicos del Ayuntamiento. «Esta sentencia acredita que la única vía para la reapertura de Tivoli es una negociación seria, rigurosa y responsable, como la que estamos llevando a cabo desde el Gobierno municipal», dijo.
En esa línea y a pesar de que el PP votó a favor de la modificación del PGOU en su momento, criticó que el anterior equipo de Gobierno del PSOE la llevara a cabo 45 días antes de las elecciones, «sin contar con los trámites legalmente preceptivos y vinculantes», algo, que según Lara, desconocían cuando llevaron a cabo dicha votación.
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