El juez suspende el ingreso en prisión de Borja

El juez suspende el ingreso en prisión de Borja

El magistrado otorga este beneficio con el compromiso del joven que mató a un ladrón en Fuengirola de satisfacer la responsabilidad civil

ALVARO FRÍAS y JUAN CANOMálaga

Borja, el joven que mató a un ladrón en Fuengirola, no entrará por ahora en la cárcel por estos hechos. Condenado como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave a dos años de cárcel y a pagar una indemnización de 180.000 euros a las hijas de la víctima, el juez que impuso esta sentencia acaba de dictar un auto en el que informa de que suspende la pena privativa de libertad al procesado, con el compromiso de que afronte la responsabilidad civil impuesta en la sentencia.

Se trata del principal escollo que tenía que salvar Borja para evitar entrar en la cárcel. De hecho, la orden de ingreso en prisión dictada por el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga se debía precisamente a que el joven no abonaba la responsabilidad civil, ya que cuenta con los otros dos requisitos para no ingresar en prisión: una pena no superior a dos años y ausencia de antecedentes penales.

Para salvar el problema económico, el abogado Alfredo Herrera, que representa a Borja, propuso un calendario de pago de 250 euros al mes para afrontar el resto de los 180.000 euros, ya que ya había abonado 6.000 euros en el juzgado. Por su parte, la Fiscalía informó a favor de la suspensión de la pena privativa de libertad para el procesado, si bien condicionando la concesión de este beneficio por un plazo de cinco años y al pago de la responsabilidad civil a razón de 36.000 euros anuales.

En cuanto a la representación de la familia de la víctima, que ejerce el letrado Enrique Agüera, en el auto se explica que en un primer momento se mostró en contra de la suspensión de la pena de cárcel al joven. Solo unos días después, pidió al juzgado de lo penal que confirmase si habían recibido 110.000 euros para afrontar el pago de la responsabilidad civil y que, si era así, se reconsideraría su postura en cuanto al paso por prisión del condenado.

En el auto, el juez no hace referencia a los 120.000 euros que Vox, tras realizar una campaña de crowdfunding para ayudar a Borja a pagar los 180.000 euros y evitar que ingresara en la cárcel, aseguró haber enviado al juzgado, ya que en el momento de emitir el escrito el magistrado no tenía constancia de si el órgano judicial contaba con dicha suma o no.

Lo que sí recuerda el juez es que el único problema para conceder la suspensión de la pena de cárcel al procesado se encuentra en el pago de esos 180.000 euros. Insiste en que, para que se otorgue este beneficio, Borja tiene la obligación de realizar algún tipo de esfuerzo, por mínimo que sea, para satisfacer la responsabilidad civil, siempre de acuerdo con su capacidad económica.

El magistrado explica que, pese a que se ofreció un calendario de pago de 250 euros mensuales, no se aportó documentación sobre la situación económica del condenado. En este sentido, exige al joven que presente en el juzgado información sobre si se encuentra trabajando, los ingresos que percibe y sus bienes, para poder ver así «si el compromiso de pago ofrecido sería suficiente». De hecho, incluso podría ser objeto de una investigación patrimonial si fuese necesario.

Aun así, el juez considera la voluntad de Borja de cumplir con los 180.000 euros establecidos de responsabilidad civil, pero advierte de que, una vez se cuente con los datos que permitan establecer la «verdadera capacidad económica» del joven, el juzgado emitirá una resolución en la que resolverá sobre si los 250 euros mensuales son suficientes o la necesidad de que esta cantidad sea mayor. En caso de que fuese así, también anunciaría un nuevo calendario de pago.

Ante esta situación, el magistrado concede la suspensión de la pena privativa de libertad a Borja durante cuatro años. Se trata de un plazo, según indica en el auto, «prudencial» y «suficiente» para evaluar el grado de cumplimiento del joven con el abono de la responsabilidad civil.

El abono de la responsabilidad civil conforme establezca el juzgado es clave para que Borja no cumpla con la pena de cárcel impuesta en la sentencia, pero el juez también establece otros criterios para que esta concesión no sea revocada. Entre otros aspectos, indica que el joven tendrá que comunicar cualquier cambio de domicilio y no podrá volver a delinquir.

Las hijas de la víctima acatan la resolución porque «se ajusta al Derecho»

EUROPA PRESS

Las hijas de Pedro, el hombre que murió en 2015 como consecuencia de los golpes que le propinó Borja tras intentar recuperar el bolso de una señora a la que la víctima había robado, han acatado la resolución del juez de Málaga que ha suspendido la pena de cárcel de dos años a la que había sido condenado Borja por un delito de homicidio por imprudencia grave.

El abogado de las hijas de la víctima, Enrique Agüera, ha explicado en declaraciones a Europa Press que las hijas del fallecido «son absolutamente respetuosas con la Justicia y acatan la resolución judicial porque además, en este caso, se ajusta a Derecho».

Según ha precisado Agüera, Borja tenía derecho a obtener la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel porque en su caso concurrían dos de los tres requisitos que se precisan: no tener antecedentes y que la pena no supere los dos años. «Coincido totalmente con el juez», ha subrayado el letrado.

La tercera condición que le falta por cumplir, según ha indicado el abogado, es tener satisfecha la responsabilidad civil. «Queda por valorar cómo va a satisfacer esa responsabilidad civil o, en su caso, qué compromiso de pago va a asumir», ha puntualizado.