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«¿Cómo valora el Gobierno de la Junta Andalucía el convenio urbanístico, en el que se pretende aumentar la edificabilidad un 800% de los terrenos ... donde se encuentra Tívoli en Benalmádena, sin asegurar el tamaño, modelo y número de atracciones del parque?» y «¿Qué medidas en el marco de las competencias de las que dispone el Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de regulación y planificación turística, va a activar en aras a salvaguardar un elemento singular como Tívoli?».
Esas son dos de las preguntas registradas en el Parlamento andaluz por la portavoz de la coalición Por Andalucía, Inmaculada Nieto, con ruego de contestación oral y que van acompañadas del registro de una Proposición No de Ley (PNL) en ese mismo sentido. La formación reclama así que la Junta de Andalucía se posicione respecto al convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Benalmádena y el grupo inmobiliario Tremón, propietario de los terrenos donde se ubica Tívoli y de otra serie de terrenos anexos.
IU en Benalmádena ya ha dicho abiertamente que considera un «pelotazo urbanístico» dicho convenio y al igual que el resto de grupos en la oposición ha presentado alegaciones al mismo. Ahora Nieto insiste en esa misma idea y apunta que «el Gobierno de la Junta de Andalucía no puede mantenerse al margen y actuar como mera espectadora de los acontecimientos. Además de su responsabilidad en cuanto a la valoración técnica y preceptiva que tiene que realizar en el proceso de aprobación del convenio urbanístico, tiene que asumir de manera contundente las distintas competencias y ejercer como Gobierno, más cuando se decía defensor de Tívoli y de sus trabajadores».
En este sentido, Nieto pidió al Gobierno andaluz que actúe «ante el atropello que se quiere perpetrar con este convenio urbanístico». «Todas esas competencias deben activarse desde una implicación directa de vigilancia y control urbanístico frente al pelotazo que el Grupo Tremón, de la mano cómplice del Ayuntamiento de Benalmádena pretenden perpetrar en los terrenos del parque de atracciones», insistió la portavoz quien detalló que esa vigilancia y control debe de realizarse a nivel técnico para «el cumplimiento de la ley en un espacio que cumple una función social nítida», y también a nivel político, «en cuanto a la planificación urbanística y por extensión económica».
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida Ayuntamiento de Benalmádena, Enrique Pablo Centella, aseguró que lo «único que hay seguro» en el convenio firmado con Tremón es que «la edificabilidad aumenta en un 800% y por tanto el valor de los terrenos se dispara. Un auténtico pelotazo urbanístico que se logra por las alfombras rojas que le pone el actual gobierno municipal, facilitando las únicas pretensiones que tiene el grupo inversor».
«El tamaño, modelo y número de atracciones del parque, la dimensión y calificación de dos o tres hoteles contemplados en el documento y la reincorporación o no de los trabajadores de Tívoli están en el aire. Tremon se puede salir con la suya, y el Ayuntamiento, con este convenio, puede certificar la muerte de un símbolo diferenciador del turismo de la Costa del Sol», aseguró Centella.
En concreto, la PNL contempla que la Junta de Andalucía active todas sus competencias posibles, comenzando con las de planeamiento urbanístico; que se lleve a cabo un estudio de las repercusiones laborales, económicas, sociales y medioambientales que llevarían consigo la ejecución del convenio en dichos terrenos; que se vigile y garantice la función social que dichos terrenos representan tanto en el Plan General de Ordenación urbana de Benalmádena como en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración de Málaga (POTAUM); y que se comprometa en trabajar en el objetivo de que Tívoli reabra sus puertas cuanto antes y lo haga, además, recuperando la plantilla de trabajadores.
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