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Lorena Cádiz
Fuengirola
Miércoles, 26 de julio 2023, 19:41
El Ayuntamiento de Fuengirola ha decidido incentivar el uso de energías renovables bajando el 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por la instalación de ... placas solares. El pleno ordinario, celebrado hoy, ha aprobado inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes (IBI) para introducir esta bonificación, que beneficiará a todos los propietarios de edificaciones que apuesten por esta fuente de energía renovable, y que contó con el voto a favor de todos los grupos de la oposición.
«Nuestra iniciativa no sólo busca beneficiar a nuestros vecinos que apuesten por esta tecnología, sino también contribuir al bienestar de nuestro entorno natural y garantizar un futuro más sostenible para las generaciones venideras. El fomento de la instalación de placas fotovoltaicas mediante incentivos fiscales es una medida clave para avanzar hacia un futuro más sostenible y más respetuoso con el medio ambiente. No sólo reducimos la huella de carbono y protegemos el medio ambiente, sino que también creamos oportunidades económicas para nuestros vecinos», explicó la concejala de Hacienda, Rosa Ana Bravo.
De esta manera, la medida planteada por el equipo de Gobierno contempla la bonificación del 50% del IBI a los titulares durante los tres años siguientes a su instalación. Asimismo, la propuesta establece que el solicitante tendrá que acreditar que el suministro energético que aporte estas placas al inmueble sea superior al 30%.
En otro orden de cosas, la sesión plenaria provocó también controversia en torno a la compatibilidad de funciones de la concejal de Vivienda y Urbanismo, Rocío Arriaga. Tanto PSOE como Somos Fuengirola denunciaron en un comunicado conjunto que no existen informes jurídicos, ni informe del secretario municipal que expliquen su conformidad con la legalidad vigente para que además de ser concejal pueda ejercer su actividad privada como administradora de fincas.
Ambos partidos mostraron su desacuerdo con la aprobación de esta medida y expresaron su preocupación por la posible influencia de intereses privados en el ejercicio de responsabilidades públicas en el ámbito de Vivienda y Urbanismo. Ambos grupos solicitaron además «transparencia y claridad en los procesos de toma de decisiones municipales para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente y preservar el interés público».
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