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La empresa pública municipal del puerto deportivo de Benalmádena ha presentado una denuncia en el Juzgado contra quien fuera su consejera delegada durante el anterior ... Gobierno municipal del PSOE, Encarnación Cortés. Lo hace, según relata la denuncia, a la que ha tenido acceso Diario SUR, por unos presuntos delitos de prevaricación, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en relación a unas obras realizadas en el edificio de Capitanía durante los años 2022 y 2023.
En concreto, el documento señala que en septiembre de 2022 se firmó un contrato con la empresa Excavaciones Montosa SL para llevar a cabo una obra que consistía en la reforma, adecuación y creación de un cuarto para caja de seguridad en la plata baja de Capitanía. Dicha obra se presupuestó en 36.497, 88 euros. Y unos meses más tarde, en abril de 2023 se firmó con la misma empresa otro contrato para la «mejora de deterioros de las instalaciones y vicios ocultos durante la realización de la adecuación y creación de cuarto para caja de seguridad en planta baja de Capitanía» por un importe de 23.295,73 euros.
Desde la empresa pública aseguran que han tenido conocimiento de estos contratos por una comunicación que les llegó en marzo de este año, por parte de la constructora, reclamando parte de los pagos que aún no habían sido abonados.
«Es evidente que para poder adjudicar a una sola empresa el contrato y eludir controles establecidos para los contratos de obras para esta cuantía se han tenido que cambiar los títulos de dicho contrato, pero en esencia es la misma obra», afirma la denuncia, que señala que los dos contratos suman un total de 59.793,61 euros (IVA incluido), por lo que «supera la cantidad de 30.000 euros, que es la cantidad autorizada según la delegación de facultades que tiene otorgada la consejera delegada, pero es que además supera la cantidad límite de 40.000 euros que establece la Ley para el contrato de obra menor».
Para los actuales dirigentes del puerto deportivo es por tanto «evidente», según se recoge en la denuncia, que hubo fraccionamiento de contratos que evitaron un proceso de licitación pública, al que hubieran concurrido otras empresas interesadas en la obra.
Por todo ello, en la denuncia, firmada por el actual concejal del Puerto, José Luis Bergillos, se pide al Juzgado que tome declaración a Encarnación Cortés en calidad de investigada, así como al director de obra y a responsables de la constructora y del Puerto en aquel momento, en calidad de testigos.
Por su parte, la ex consejera delegada del Puerto, Encarnación Cortés, se defiende asegurando que ni ha tratado con esa empresa ni sabe quiénes son y que ni siquiera recuerda la obra en cuestión. Asegura no entender lo ocurrido y defiende que durante los años que estuvo al frente de la empresa pública «se cumplió la Ley escrupulosamente». Es más, afirma que en ese tiempo «desde el Puerto solicitamos a Intervención del Ayuntamiento que fiscalizara todos los contratos cada año por si habíamos cometido errores, poder rectificarlos, algo que no se había hecho nunca antes».
Afirma que para conocer con más detalle lo ocurrido en esta obra tendría que recuperar la documentación y hablar con los técnicos. «Igual hubo algún tipo de error, lo desconozco, pero de ahí a una malversación o prevaricación, hay una distancia importante», asegura.
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