El alcalde de Benalmádena, citado a declarar este miércoles como investigado por el caso legionela

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, está citado a declarar este miércoles 14 de mayo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos, en calidad de investigado, por el llamado caso legionela, en el que se investigan posibles anomalías en la compra de maquinaria para purificar y tratar el agua en los colegios de Benalmádena. En concreto, la providencia firmada por la jueza, a la que ha tenido acceso Diario SUR, cita al actual alcalde, también presidente de la empresa pública Provise Benamiel, desde la que se efectuó la compra de la maquinaria, a declarar a las 12.30 horas de la mañana.

Lara tendría que haber declarado junto al resto de investigados en esta causa, el pasado 2 de abril de 2025, pero su letrado solicitó el aplazamiento, ya que el regidor ha estado de baja médica hasta hace solo unos días, debido a una intervención quirúrgica.

Además de él también han declarado ante la juez como investigados el empresario Francisco Martín Subires, cuya empresa suministró la maquinaria, la que fuera gerente de la empresa Provise en el momento de la compra y el empresario Juan Ramón Pallarés.

Fue en octubre del año pasado cuando la Fiscalía decidió abrir una investigación a raíz de una denuncia presentada por el PSOE de Benalmádena. En dicha denuncia se relata como en enero de 2024 se tuvo constancia de que unos análisis habían detectado la presencia de legionela en algunos puntos de agua del colegio Mariana Pineda en Benalmádena. La situación se solventó sin ningún afectado pero aquel episodio permitió conocer que el actual Gobierno local había procedido, unos meses antes, a la compra de diecisiete aparatos para el tratamiento y mejora de las aguas, que fueron instalados en los centros educativos del municipio.

Donde el PSOE entendió que podía haber indicios de delito fue en el proceso de compra. Las diecisiete máquinas se compraron a través de dos contratos menores. Cada contrato se firmó con una empresa distinta, pero según la denuncia podría existir una relación entre las empresas beneficiadas que «revela un entramado que sugiere que operan como si fueran entidades independientes, cuando en realidad están interconectadas, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de los procedimientos de contratación».

A ello se añade que «estas posibles implicaciones penales son especialmente relevantes si se considera que el administrador de una de las empresas beneficiadas es cónyuge de una concejala del actual equipo de Gobierno», relata la denuncia en relación al empresario Francisco Martín Subires, marido de la actual concejal de Festejos, Yolanda Peña.

Por su parte, desde el Gobierno local han asegurado públicamente que «es totalmente falso» que exista fraccionamiento de contratos, sino todo lo contrario, que «se ha seguido rigurosamente el procedimiento establecido por la Ley».

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