Los empleados del CIOMijas se podrán incorporar como trabajadores públicos

Esa condición, que es la misma que tienen todos los antiguos empleados de los consorcios ya extinguidos (como La Cónsula), quedaba en entredicho en estas últimas semanas después de conocerse que una disposición prevista en la Ley de Prespuestos Generales del Estado para este año impedía que cualquier trabajador de un consorcio pasara a formar parte de la plantilla de una administración bajo el citado estatuto. Este hecho, que además de provocar una discriminación de cara a sus compañeros traería consigo una pérdida de derechos laborales, estaba provocado por la tardanza de la Junta de Andalucía y los liquidadores a la hora de finalizar un proceso que se alarga ya más de dos años.

Esta información, adelantada por SUR, provocó la indignación de los trabajadores, que denunciaron que además de llevar 33 meses sin cobrar, su situación futura iba a ser peor de lo previsto.

Vista la situación, y según fuentes consultadas, PP, PSOE y Ciudadanos decidieron, a última hora, pacta una enmienda a esta disposición para evitar que afectara a los trabajadores del CIOMijas. En concreto, la disposición quedará de esta manera:«Esta ley no será de aplicación al personal laboral fijo de las entidades del sector público que se integre en su administración pública de adscripción como consecuencia de la aplicación de procesos de integración en su régimen laboral previstos en una norma con rango de ley con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma, y siempre que dicho personal haya sido seleccionado con la garantía de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, y tenga la titulación académica para el acceso a la categoría en la que se produzca la integración».

La liquidación, en stand by

Aunque a priori este obstáculo está salvado, el proceso de liquidación del Consorcio vuelve a estar parado. Después de cierto optimismo tras la reunión mantenida la pasada semana con el director general de Formación Profesional para el Empleo, el consejo rector del Consorcio tenía que resolver el balance liquidación. Sin embargo, y a tenor de la Junta, el resultado de dicha reunión no pudo ser peor. La aprobación del balance de liquidación no fue posible dado que el informe emitido por el interventor ha puesto de manifiesto «ciertos reparos al trabajo realizado por los liquidadores», a los que según fuentes del ente regional, previamente a la reunión ya se les había informado que debían llevar a cabo su subsanación. El Consejo General, «decepcionado» según un comunicado de la delegación de Empleo, habría sostenido que los liquidadores han hecho «caso omiso» a las cuestiones de fondo, totalmente subsanables, planteadas por el interventor, «retrasando así la consecución del objetivo final que no es otro que la auditoria del balance».