La Junta asegura que pagará las nóminas atrasadas del CIO si hay sentencia judicial

Pese a ello, los trabajadores -que agradecieron que por fin algún representante de la delegación de Empleo «diera la cara»- criticaron que esta medida no está lo suficientemente explicada, y que no saben a quién o quiénes podría afectar. La realidad es que de los cinco empleados, una de ellas tiene una sentencia en firme del TSJA que obliga a la Junta a pagar de forma subsidiaria una parte de los impagos (las denuncias se han estado interponiendo por bloques de nóminas) y otra de lo Social que ha sido recurrida por la administración regional. Otros tres de ellos tienen sendas sentencias de lo Social, mientras que una quinta aún está pendiente del primero de los juicios, previsto para el mes de octubre.

Los afectados preguntaron al director general durante el encuentro que si esta medida afectaría a los cinco o solo a la que tiene una sentencia en firme, un extremo que Manuel García no fue capaz de aclarar. El caso más complejo es el de Juani, que podría quedarse al margen de estos pagos al no tener ninguna sentencia, un hecho que fue duramente criticado. Mientras el letrado de la Consejería de Empleo aporta una solución al respecto, el abogado de los trabajadores sí planteó la alternativa de que, usando la percha de la única resolución en firme que ya existe, se llegue a acuerdos con todos ellos y se pueda hacer frente a los pagos. Esta opción también será consultada a los servicios jurídicos del ente regional, por lo que habrá que esperar también a los próximos días.

A la espera de la auditoría

Esta posibilidad de pago deslizada ayer por el director general y corroborada por el propio consejero de Empleo es paralela al fin del proceso de liquidación, que sí permitiría pagar todos los atrasos de manera inmediata. Sin embargo, dicho proceso aún está por finalizar, toda vez que los liquidadores no podrán presentar el balance final de liquidación hasta que termine el mes. Una vez presentado, la Intervención de la Junta deberá dar el visto bueno a la contratación de una auditoría para que ponga el broche final.

El director general anunció ayer que Empleo ya ha solicitado que se contrate a los auditores, aunque de momento no hay ningún documento que así lo atestigüe. Tal como adelantara a SUR hace unos días, Manuel García considera que todos estos pasos podrían alargar la liquidación un máximo de tres meses más.

En cuanto a la cuestión de la seguridad, que esta semana se ha visto comprometida con al menos cuatro asaltos al edificio de manera consecutiva -y que provocó que lo liquidadores eximieran a los trabajadores de acudir al CIO-, SUR tuvo constancia de que Empleo ha contratado a un servicio de seguridad que empezó a funcionar en la tarde de ayer. Aún así, no está previsto que los empleados regresen a su puesto hasta que dicha seguridad esté consolidada y además se contrate un servicio de mantenimiento, de manera que las condiciones laborales se ajusten a lo que dice la ley en materia de higiene y riesgos laborales.