Trabajadores del CIOMijas cargan contra la Junta, que no les paga «porque no quiere»

Durante la convocatoria, en la que estuvieron presentes representantes de CC OO, ediles de Costa del Sol Sí Puede y los propios empleados, el abogado de éstos, Jordi Ventura, hizo hincapié en la principales cuestiones que recoge la querella. Sin embargo, independientemente de la vertiente judicial, los trabajadores se refirieron a la «responsabilidad política» de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Una de las aún empleadas del CIO se preguntó si su labor en lo referente a este consorcio lo va a contar en su campaña electoral en las primarias para la Secretaría General del PSOE. «Seguramente no, porque entonces no iba a ganar. Si se convierte en presidenta de España en el futuro vamos apañaos, porque si no es capaz de solucionar que nos paguen a cinco trabajadores lo que se nos debe, cómo será capaz de llevar adelante esa responsabilidad», exclamó.

Por su parte, el letrado que les representa, que dijo hablar por estos cinco trabajadores, señaló que el eje central es que la Junta «no es que no pague porque no puede, sino porque no quiere», y apeló a los presupuestos de 2016, «que son ley», en los que se establecía una cantidad para la liquidación del consorcio y que finalmente no se utilizó.

La convocatoria sirvió también para especificar el contenido de la querella, que según el propio Ventura se presentará en las próximas semanas. Tal como señaló a SUR, ésta se centra en un presunto delito contra la salud y los derechos de los trabajadores, ya que considera que se están vulnerando algunass de estas cuestiones, que van más allá de las nóminas impagadas.

Según el abogado, encargado de elaborar el documento, estos supuestos delitos contra los trabajadores se refieren a la «falta de salubridad» en sus puestos de trabajo, «ausencia de seguridad en unas instalaciones que tienen más de 30.000 metros cuadrados» y el citado impago de los sueldos. A juicio de Ventura, hay «mala fe» por parte de la Junta de Andalucía, ya que no hay una situación puntual de falta de liquidez, ya que se trata de una administración pública «y no se puede desatender a los trabajadores».

En cuanto a los destinatarios de la querella criminal, Ventura se refirió al actual delegado de Empleo, Mariano Ruiz, así como el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel García. Asimismo, la querella hace referencia a todos los cargos públicos relacionados con el CIOMijas desde noviembre de 2014 (cuando se pagó la última nómina), por lo que estarían afectados, entre otros, la actual delegada de Educación, Patricia Alba, y el exdirector general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate, tal como desgranó el propio letrado.