El TSJA obliga a la Junta a pagar las nóminas atrasadas de una trabajadora del CIO

En concreto, la sentencia estima la demanda en reclamación de cantidad promovida por la actora y condena al Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (CIOMijas) a abonar a la trabajadora la cantidad de 5224,40 euros, «en concepto de salarios adeudados durante el periodo de tiempo comprendido entre los meses de noviembre de 2014 y julio de 2015, más el 10 por ciento por recargo de mora».

Sin embargo, y dada la situación actual del consorcio, la sentencia, a la que SUR ha tenido acceso, indica que por lo que se refiere a la responsabilidad del Ayuntamiento de Mijas y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, los estatutos del CIOMijas establecen que la hacienda del Consorcio estará constituida por las aportaciones que destinen para tal fin la Junta de Andalucía y el Consistorio, con cargo a su respectivos presupuestos, con los porcentajes del 80 y el 20 por ciento respectivamente, «a aplicar sobre la liquidación presupuestaria del ejercicio económico correspondiente».

Asimismo, el TSJA considera que el artículo 37 de los referidos estatutos señala que la hacienda del Consorcio responderá de las obligaciones y deudas contraídas por el mismo, «efectuándose la liquidación o compensación de pérdidas con cargo y en proporción a las aportaciones de los miembros del Consorcio».

En definitiva, añade, «existe una responsabilidad principal y directa del Consorcio sobre las obligaciones financieras contraídas por el mismo y, en el supuesto de que no pueda hacer frente a ellas, responderán los miembros del Consorcio con cargo y en proporción a las aportaciones de los mismos».

El tribunal, por tanto, señala que resulta «evidente» la responsabilidad tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento en el abono de los salarios a la trabajadora, aunque matiza que dicha responsabilidad no puede ser solidaria «como pretende la parte recurrente, sino subsidiaria, y para el caso de que el obligado principal no pueda hacer frente al abono de dichas deudas», concluye el texto.