Un juez obliga al Ayuntamiento de Benalmádena a pagar más de 30.000 euros por un despido improcedente
La sentencia revela «desviación de poder» en la destitución de un empleado de Puerto Marina por parte de Francisco Salido
Alberto Gómez
Martes, 31 de mayo 2016, 00:34
El Ayuntamiento de Benalmádena hizo público ayer que tendrá que abonar 29.250 euros, más los intereses legales, a un trabajador municipal que fue destituido ... de manera irregular por el exprimer teniente de alcalde, Francisco Salido. La sentencia recoge la existencia de «desviación de poder en la actuación administrativa, por cuanto la misma tan solo reviste una apariencia de legalidad destinada a dar cobertura a una actuación contraria al ordenamiento jurídico». El despido se produjo a través de un decreto firmado el 14 de agosto de 2012. Salido era entonces consejero delegado de la sociedad municipal que gestiona Puerto Marina. La sentencia judicial establece la indemnización económica en concepto de «diferencias retributivas».
El portavoz del equipo de gobierno, Bernardo Jiménez, aseguró ayer que la destitución fue «uno de los peajes que tuvo que pagar el PP para conseguir la moción de censura» alcanzada en 2012 entre los populares y la formación independiente Unión Centro Benalmádena (UCB), liderada por Salido, que un año antes había cerrado un acuerdo de gobierno con el PSOE e IU. El trabajador, que ocupaba un cargo de responsabilidad en Puerto Marina, es familiar directo de una exconcejala socialista. Fuentes consultadas sostienen que las desavenencias entre Salido y este empleado ante las presuntas irregularidades detectadas en el Puerto «fueron determinantes» para su destitución. Tras la ruptura del pacto de gobierno entre el PP y UCB, los populares pasaron a gobernar en minoría y restituyeron al trabajador destituido por Salido.
El Gobierno local acusa al PP de «apoyar» la destitución «a sabiendas de que era contraria al ordenamiento jurídico». Por su parte, los populares recuerdan que volvieron a contratar al mencionado empleado. Salido, acusado por la Fiscalía de varios delitos, entre ellos presunta malversación de caudales públicos, se encuentra imputado por el caso del comedor social y por supuestas ilegalidades en Puerto Marina.
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