Fernández Montes estudia querellarse contra sus vecinos por criticarle en dos pancartas

La historia se remonta a abril de 2013, cuando la empresa constructora encargada de las obras de la nueva calle acusó a la promotora de la urbanización de haber invadido la vía pública cuando el edificio fue levantado, hace doce años. La comunidad contrató los servicios de un despacho de abogados y de un arquitecto, que advirtió que el plan parcial urbanístico del sector, que enlaza La Colina y Los Álamos, ocupaba parte del plano de la urbanización. Los técnicos llevaron el asunto hasta el Ayuntamiento. Ante la falta de acuerdo entre ambas partes, los vecinos recurrieron a lo Contencioso-Administrativo para evitar el retranqueo de un muro que estrecha la acera de la nueva calle que discurre de forma lateral al edificio. El Consistorio hizo entonces público que las exigencias de la comunidad de vecinos, incluida una indemnización económica, eran inaceptables. Un auto judicial dictaminó que la urbanización había ocupado ilícitamente terreno público y obligó al derribe del muro.

Aquella decisión puso en pie de guerra a los vecinos de Aldeamar, que colocaron las dos pancartas citadas. El Ayuntamiento respondió con el reparto de unos impresos en los que explicaba su versión y en los que lamentaba «la politización partidista y radicalización de este asunto a la que se han prestado determinadas personas, precisamente cuando un juzgado ha dado la razón al Consistorio para que la mancomunidad proceda a la demolición del muro y restitución del terreno invadido». El texto, posteriormente publicado en la página web del Ayuntamiento, indignó a los vecinos. «Estos panfletos se metieron por debajo de nuestras puertas. ¿Eso es respetar la propiedad privada?», se pregunta la administradora de la comunidad de propietarios.

El acto de conciliación presentado en julio por el procurador de Fernández Montes y fijado para mañana jueves por el Juzgado de Primera Instancia de Torremolinos constituye un intento de pacto por ambas partes. De no llegar a un acuerdo, el alcalde tendrá la posibilidad de interponer una querella. «Nos parece excesivo. Solo son dos frases, y no contra el alcalde como persona física. Hemos solicitado reuniones con él en varias ocasiones y nunca nos ha recibido. Nos sentimos avasallados y desprotegidos», aseguran los vecinos. Por su parte, en la petición del acto de conciliación, al que ha tenido acceso este periódico, Fernández Montes considera que «con la instalación de las pancartas en la vía pública podría haberse incurrido en un delito de injurias y calumnias, así como en una incitación o coacción para actuar contra la resolución expresa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo».

«Una decisión injusta»

Los vecinos, que han adelantado su intención de no retirar las pancartas aunque afirman que plantearán otras alternativas, decidieron por mayoría las frases expuestas y aún no han derribado el muro pese a los requerimientos del Ayuntamiento en conformidad con el auto del juez. «No es vital demolerlo, como dice el juez. Es injusto que el plan parcial actual se contradiga con el plan urbanístico de la época en que compramos las viviendas y ahora salgamos perjudicados nosotros», sentencia la portavoz de los más de noventa residentes de la urbanización.

Los vecinos sostienen que el escrito presentado por el procurador de Fernández Montes tiene dos errores: «Ni las pancartas dan a la calle Carlos Cano, como figura, sino al paseo marítimo, ni están colgadas desde julio de 2011, sino desde el mismo mes pero de 2014». El alcalde reclama a la presidenta de la comunidad, en representación del resto de vecinos, que cese «en su conducta difamatoria y coactiva, se retracte de sus manifestaciones ante la mancomunidad residencial Aldeamar y entorno vecinal de la misma y retire inmediatamente las pancartas instaladas», según el documento. El acto de conciliación tendrá lugar mañana en el Juzgado número 4 de Torremolinos.