Denuncian al Ayuntamiento por la ocupación de parte de un recinto para ampliar una calle

Todo comenzó en abril de 2013, cuando la empresa constructora encargada de las obras de la nueva calle acusó a la promotora de la urbanización de haber invadido la vía pública cuando el bloque fue levantado, hace doce años. La comunidad contrató entonces los servicios de un despacho de abogados y de un arquitecto, que advirtió que el plan parcial urbanístico del sector ocupaba parte del plano de la urbanización. Los técnicos llevaron el asunto hasta el Ayuntamiento, que estudió el tema y se reunió con los abogados de la comunidad para intentar llegar a un acuerdo, que finalmente, según su versión, se produjo de manera verbal y comprendía el retranqueo del muro en un metro. Seis meses después, sin embargo, los vecinos recibieron una notificación que les instaba a derribar el muro y situarlo a apenas un metro del edificio, momento en que acudieron a lo Contencioso-Administrativo.

«El muro quedaría a unos palmos de las ventanas de las viviendas», se queja la administradora de la comunidad, que solicitó la suspensión de la demolición como medida provisional, algo desestimado por el juez, que ha dictado un auto que obliga a un retranque de al menos tres metros «por el interés general» hasta que haya una sentencia firme. La decisión judicial se basa en la estrechez de la acera actual y ha enfurecido aún más a los vecinos: «No es vital derribar el muro, como dice el juez. Es injusto que el plan parcial actual se contradiga con el plan urbanístico de la época en que compramos las viviendas y ahora salgamos perjudicados nosotros». Los residentes denuncian también que las obras han tapiado su acceso más cercano a la playa sin ningún tipo de notificación. «Ya llevamos gastados más de veinte mil euros en costas, y es una urbanización de trabajadores y pensionistas», asegura la administradora.

Sesión plenaria

El asunto iba a ser trasladado a la sesión plenaria del pasado lunes por el PSOE en el turno de ruegos y preguntas, pero el abandono de los concejales socialistas en solidaridad con su edil Jesús Díaz, expulsado por el alcalde del municipio, Pedro Fernández Montes, tras ser advertido de que no se encontraba en el uso de la palabra, impidió su planteamiento. «Todo parece indicar que se trata de un error en el plan parcial del sector y lamentamos que una comunidad de vecinos tenga que acudir a los tribunales para defender sus derechos», asegura la concejala socialista Maribel Tocón.

El nuevo vial descongestionará el tráfico de la zona, que enlaza La Colina y Los Álamos, y creará mil nuevas plazas de aparcamiento. Durante la apertura la semana pasada de la que será la calle doctor Juan Hidalgo, Fernández Montes aseguró que esta actuación forma parte de la recuperación de algunos proyectos residenciales paralizados en 2008 y 2009 y anunció la construcción de una urbanización de lujo.