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La presión y las quejas vecinales consiguieron el pasado año paralizar los trabajos en marcha para la instalación de al menos dos nuevas antenas de telefonía móvil ... . Por este motivo, el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, quieren tomar cartas en el asunto. Para ello, la portavoz popular, Lourdes Piña, ha presentado este viernes, junto al vicesecretario de la formación en la localidad, Celestino Rivas, una solicitud al Gobierno de España para que otorgue a los ayuntamientos «la capacidad legal para intervenir y/o autorizar, o no, la emisión de licencias de instalación, funcionamiento o actividad de estaciones o infraestructuras radioeléctricas y recursos asociados».
La propuesta esgrimida desde el grupo político del PP, personalizada en este caso en su portavoz, será llevada al pleno ordinario que se celebrará el próximo viernes 31 de enero en el Consistorio veleño. Según recoge la Ley 11/2022 de 28 de Junio General de Telecomunicaciones, en este caso, en su sección 2.a 'Normativa de las Administraciones Públicas que afecte a la instalación o explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas', más concretamente en el artículo 49.9, de régimen colaborativo entre las administraciones públicas, «para la instalación o explotación de estas estaciones o infraestructuras radioeléctricas de dominio privado no podrá exigirse por parte de las mismas licencia o autorización previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad», ha enunciado Piña, con la salvedad de «edificaciones de patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural». Asimismo, la mencionada referencia legal alude a que tampoco se exigirán autorizaciones previas a licencias para la instalación en espacios de dominio público.
Celestino Rivas
Concejal de Urbanismo
«Ante la protesta reiterada por parte de los vecinos y agrupaciones políticas de todas las formaciones del municipio, lo que hemos podido observar en este último año, el Ayuntamiento paralizó la instalación de dos de estas infraestructuras de radiotelefonía, ya que incumplían algún aspecto urbanístico», ha informado Rivas, vicesecretario del Partido Popular veleño y concejal de Urbanismo del Consistorio. En este sentido, ha lamentado en un comunicado que, ante la actual disposición legal respecto a este tipo de cuestiones, «posiblemente el Gobierno de España reanude el procedimiento», lo que, a su juicio, «incrementará la preocupación y reclamaciones que se han venido desarrollando por parte de la ciudadanía».
Asimismo, el concejal veleño ha reivindicado la necesidad de llevar a cabo desde el Gobierno central «una campaña de información al ciudadano en materia de salud vinculada a la puesta en marcha de estas instalaciones», ya que la principal preocupación de la población se debe a la salubridad, lo que, ha remarcado, «está generando miedo entre los vecinos», ha apostillado Rivas en el mencionado comunicado.
A esta preocupación creciente por parte de los ciudadanos se ha referido, igualmente, la portavoz popular a nivel local, incidiendo en que «los operadores radioeléctricos disponen de un amplio abanico de facultades, lo suficientemente amplio para permitir el despliegue de sus redes sin oposición alguna por parte de los ayuntamientos». «Estos órganos no disponen de un margen de discrecionalidad para evitar o condicionar su implantación», ha remarcado.
Por ello, el grupo municipal del Partido Popular en el Consistorio veleño ha anunciado la presentación en próxima sesión plenaria de una «moción necesaria» por el «papel testimonial» que ocupan los máximos organismos locales «en la concesión de estas licencias». Piña ha ido más allá, y entiende que «no tienen ningún tipo de peso en el desarrollo y despliegue de estas redes en los municipios».
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Consecuentemente, la representante del grupo municipal popular solicitará en el pleno de la próxima semana la modificación de la mencionada ley, con objeto de que «los ayuntamientos jueguen un papel decisorio en el citado despliegue». La edil veleña, por lo tanto, defiende que esta medida debe «otorgar carácter obligatorio a la obtención de licencia o autorización previa de obras». La propuesta, en caso de aprobación, será cursada al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, organismo competente, así como a la Presidencia del Gobierno de España.
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