El dueño de la finca donde murió Julen negocia un acuerdo con el fiscal que evitaría el juicio

La propuesta de ese pacto se ha producido precisamente esta semana, justo cuando se conocían las fechas señaladas por el Juzgado de lo Penal número 9 para la celebración del juicio que, si no lo evita dicho acuerdo entre las partes, sentará en el banquillo al propietario de la parcela donde se ubicaba el pozo, David Serrano, acusado de un presunto delito de homicidio por imprudencia.

La primera sesión está prevista para el martes 21 de enero de 2020 y continuará los días sucesivos hasta el viernes de esa misma semana, que es 24. El juicio concluiría con dos sesiones más –del total de seis señaladas por el juzgado– los días 28 y 30 de la semana siguiente.

Sin embargo, la vista oral no llegaría a desarrollarse si se consuma la tentativa de acuerdo que negocia ahora mismo la defensa del dueño de la finca con la Fiscalía de Málaga, que inicialmente pide para él una condena a tres años de cárcel por homicidio imprudente. Los padres, que ejercen la acusación particular, elevan la solicitud de pena a tres años y medio al considerar la negligencia «extremadamente grave».

Los letrados que representan a David Serrano, del bufete Lawbird Abogados, han mantenido una reunión con el fiscal que lleva el caso en la que se ha planteado la posibilidad de alcanzar dicho acuerdo, que supondría una conformidad –total o parcial– con el relato de los hechos y una rebaja sustancial de la hipotética condena, con lo que David Serrano podría acceder a la suspensión de la pena, dado que carece de antecedentes.

Al parecer, ni la Fiscalía ni el dueño de la finca ven con malos ojos la posibilidad de cerrar el pacto, que evitaría la celebración del juicio, si bien hay un escollo que resolver: la responsabilidad civil, que es precisamente otro de los requisitos para la suspensión de la condena. El abogado Antonio Flores, que dirige el despacho que asiste al acusado, presentó hace tres semanas concurso de acreedores alegando que David Serrano está en situación de insolvencia y no puede hacer frente al requerimiento de la jueza, que le reclama 885.310 euros en concepto de indemnización por las labores de rescate. La magistrada decretó el embargo de la finca de Totatán donde sucedieron los hechos, aunque es «insuficiente» para cubrir la totalidad de las responsabilidades civiles exigidas, ya que el valor de los terrenos es muy inferior.

Partiendo de que el coste del dispositivo de rescate sería «inasumible» para el dueño de la finca –como manifestó días atrás su defensa–, el otro hándicap del acuerdo es la indemnización que pudiera corresponderles a los padres del pequeño, en el supuesto de que David Serrano resultara condenado por homicidio imprudente. En este sentido, los flecos del pacto pasan por establecer una suma que sí pudiera ser accesible para el acusado y que, además, se postergara el pago de esa cuantía en los plazos autorizados por el juzgado, siempre dentro de los márgenes que establece el artículo 80 del Código Penal. Y, para ello, queda saber la postura de la acusación particular –los progenitores, a los que representa la abogada Antonia Barba– sobre la posibilidad de alcanzar dicho acuerdo.

Si el pacto no llega a cerrarse, la defensa de David Serrano ha pedido la libre absolución, ya que considera que era imposible haber previsto el riesgo de que Julen se desplazara por un agujero tan pequeño, aparte de que, según sostiene, tampoco hubo negligencia porque avisó a los padres «varias veces» de la presencia del pozo.

Además, ante la gran repercusión mediática que tuvo el caso, previsiblemente se acreditarán numerosos periodistas para cubrir el juicio, por lo que se habilitaría una sala más grande que las que suelen acoger los juicios de lo penal.