La regeneración de las playas con escombros reciclados, en un callejón sin salida

Tras conseguir cuatro millones de euros de fondos europeos en 2018, casi el 80% del presupuesto del denominado 'Brick-Beach', de 5,3 millones de euros, la actuación ha venido generando titulares, pero más de allá de eso, poco o nada se ha avanzado sobre el terreno. La última gota que ha colmado el vaso de la, hasta ahora, frustrada iniciativa se produjo en el último pleno municipal, el pasado 30 de octubre, cuando la hasta entonces concejala de Empresa y Empleo, María José Roberto (PSOE), anunció que dejaba las delegaciones tras rechazar hasta sus propios compañeros de partido su propuesta para una gestión indirecta de la planta, que está en fase de licitación.

Roberto registró su escrito de renuncia a las áreas unos días después y aún no está claro en qué situación quedará. El alcalde, el socialista Antonio Moreno Ferrer, le pidió sin éxito que recapacitara, y que, en caso de no hacerlo, entregara su acta. En este sentido, apuntó que si no lo hace pasará al grupo de no adscritos. En el pleno salió adelante, sorpresivamente por unanimidad, con el respaldo incluso de la propia edil dimitida, la propuesta del PP para que la gestión de la planta la lleve a cabo el Consorcio Provincial de Residuos de la Diputación, encargado del vertedero de Valsequillo, en Antequera.

Lo que subyace en la parálisis del proyecto, en el que participan entidades como el Aula del Mar, la Junta de Andalucía, la Universidad de Málaga y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y la Demolición de Andalucía (AGRECA), es el rechazo frontal que genera en el GIPMTM la ubicación elegida para la planta de tratamiento de los escombros, en la zona de Taramillas de Torre del Mar, cerca de la depuradora y de la planta de transferencia de residuos.

Sin embargo, la proximidad a varias urbanizaciones, situadas a un kilómetro en línea recta, y el previsible trasiego de camiones cargados de escombros, han llevado a los torreños a rechazar este emplazamiento. Además, el hecho de que la Demarcación de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica no esté como socio en el proyecto europeo ni haya emitido aún, dos años después de que se le solicitase, la evaluación ambiental para la regeneración, también añade dudas e incertidumbre al GIPMTM.

Esta oposición de los torreños no es nueva, pues ya se planteó al final de la pasada legislatura, en 2019. Sin embargo, entonces los técnicos determinaron que la zona de Taramillas era la única ubicación posible, rechazando la alternativa propuesta por el PP del polígono de Los Zamoranos, al norte del casco urbano veleño. El primer teniente de Alcalde veleño, Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM), aseguró unos días después de la marcha de María José Roberto que la planta de tratamiento de escombros «iba a convertirse en otro tranvía».

Lo cierto es que el proyecto ha conseguido una nueva prórroga, en este caso de seis meses, hasta el próximo 30 de junio de 2022, aunque supeditada a que Costas autorice la regeneración de la playa. Aún así, el portavoz del PP, Francisco Delgado, ve «muy difícil, por no decir imposible», que se pueda llegar a tiempo y justificar ante Europa el gasto previsto de cuatro millones de euros, de los que el Ayuntamiento ya ha recibido la mitad, toda vez además que el alcalde se ha comprometido a buscar un nuevo emplazamiento «que no sea perjudicial para ningún vecino».

El regidor veleño, en declaraciones a la Cadena Ser en la Axarquía, ha explicado que, por ahora, él ha asumido las áreas de Empresa y Empleo, y se ha mostrado «confiado» en que el 'Brick-Beach' se pueda llevar a cabo. «No sólo hay que hablar de la ubicación de la planta, Vélez-Málaga tiene una extensión grande y estoy convencido de que hay ubicaciones donde no va a ser perjudicial para ningún vecino», ha manifestado Moreno Ferrer, al tiempo que ha dicho que no van a perder «ni un minuto más».