Propietarios de viviendas irregulares en el campo de la Axarquía insisten en pedir soluciones «al máximo nivel»
La asociación SOHA reitera que sus licencias fueron concedidas por los ayuntamientos, por lo que defiende la figura de «legal fuera de ordenación»
Los propietarios de las alrededor de 20.000 viviendas irregulares que se calcula hay en la Axarquía (50.000 en la provincia y 300.000 ... en la comunidad andaluz) no están dispuestos a dar su batalla por pérdida y continúan defendiendo la legalidad de sus inmuebles, que en su mayoría fueron autorizados por los ayuntamientos, aunque posteriormente, en muchos de los casos, estas licencias fueron impugnadas por la Junta. Por este motivo, desde la asociación Save Our Homes Axarquía SOHA-Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía continúan reclamando soluciones «al máximo nivel», con cambios normativos tanto por la Administración regional como por el Gobierno central.
El colectivo celebró anoche su asamblea general anual en Alcaucín, con la asistencia de más de un centenar de socios. El presidente de SOHA, el británico Phillip Smalley, comenzó el acto agradeciendo a los miembros de su comité y a sus socios y familias, «por su inquebrantable dedicación a su lucha por la justicia durante más de una década». Así, señaló que 2019 «comenzó con grandes esperanzas de que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía comenzaría a resolver el caos urbanístico que habían heredado», y resaltó el nuevo Decreto Ley de octubre del año pasado, que permitió que muchos propietarios pudieran acceder a la situación de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO).
Sin embargo, Smalley lamentó que la situación se complica ahora por la noticia de que el Gobierno central «está desafiando la legalidad del decreto». Por su parte, Mario Blancke, portavoz de la asociación de afectados, fue tajante y apuntó que SOHA no está interesada en los procedimientos de AFO, ya que este método «se hizo sólo para regularizar casas construidas sin ningún permiso». «Nosotros sólo estamos interesados en mantener la legalidad de nuestras licencias. Cumplimos con la administración, por eso solicitaremos que no se revisen, porque ya teníamos nuestras licencias en orden, por eso continuaremos defendiendo la figura legal fuera de ordenación», añadió.
El portavoz volvió a incidir en que la revisión de las miles de licencias va en contra del espíritu de la ley y en contra de la seguridad jurídica que establece la Constitución, específicamente en su artículo 9.3. «Solicitaremos soluciones en Sevilla para los propietarios que de manera injusta han visto anuladas sus licencias, tanto por la vía administrativa como por la vía penal», concluyó Blancke, que fue alcalde de Alcaucín por Ciudadanos la pasada legislatura y acaba de pasar a la oposición tras no prosperar la moción de censura que su partido interpuso con el apoyo del PP para desbancar al PSOE.
También intervinieron en la asamblea los invitados Javier Luis de la Cortina, arquitecto, e Ignacio Rodríguez Peña, abogado en el Ayuntamiento de La Viñuela. Cortina comentó algunas de las novedades que aportaba el Decreto 3/2019 que entró en vigor el 26 de septiembre de 2019 y que «trata de poner orden, que no legalizar», las 300.000 viviendas irregulares que existen en el suelo no urbanizable de la comunidad andaluza.
Por su parte, Rodríguez comentó que el nuevo decreto facilita a los ayuntamientos, como el de La Viñuela, tramitar los expedientes para los AFO e incluir las viviendas en el planeamiento urbanístico y los procedimientos necesarios en las ordenanzas municipales. Smalley cerró la sesión reiterando el agradecimiento por el apoyo a los socios de SOHA y animando a todos los presentes a continuar con la lucha por la legalidad de sus licencias.
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