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Mario Blancke y Phillip Smalley, responsables de la asociación SOHA. SUR
Propietarios de viviendas en el campo denuncian que el Gobierno quiere tumbar el decreto de regularización de la Junta

Propietarios de viviendas en el campo denuncian que el Gobierno quiere tumbar el decreto de regularización de la Junta

La asociación SOHA muestra su «preocupación» por la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de plantear un conflicto de competencias que puede acabar en el Tribunal Constitucional

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Miércoles, 11 de diciembre 2019, 18:44

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Los propietarios de las más de 50.000 viviendas irregulares construidas en el suelo no urbanizable que se calcula que hay en la provincia de Málaga, de las más de 300.000 que existen en Andalucía, vuelven a estar muy preocupados. La Asociación SOHA (Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía) ha mostrado este miércoles su «enfado» tras conocerse la noticia publicada en la ayer en el diario digital 'El Confidencial' en la que se informa de que el gobierno de Pedro Sánchez en funciones ha planteado un conflicto de competencias por el decreto de regularización de viviendas irregulares aprobado por la Junta de Andalucía hace unos meses.

Según el colectivo, que agrupa a unos 400 propietarios de viviendas en la comarca oriental, éste es el paso previo a tumbar el decreto si en los próximos meses no se llega a un pacto y se modifican los artículos en liza. El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, habrían llegado a un acuerdo en la comisión bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma para resolver las controversias señaladas desde el Gobierno central. El portavoz de SOHA, Mario Blancke, ha remarcado que la iniciativa «viene de la mano de Luis Planas, anterior consejero de Ordenación del Territorio de la Junta, cuando justamente se cometieron las irregularidades con la connivencia del PSOE-A».

Blancke ha recordado que el Decreto Ley fue apoyado también por el PSOE de Andalucía, «fruto de un amplio consenso», y ahora es el propio PSOE el que quiere impugnarlo y llevarlo al Tribunal Constitucional. Por su parte, el presidente de SOHA, Phillip Smalley, ha insistido en que «la ley nos protege porque teníamos nuestras licencias«. «Si se tienen que demoler, tendrán que indemnizarnos. A ver qué ayuntamiento tienen tanto dinero, público, para ahora indemnizar a tanta gente, compradores de buena fe, protegidos por el Derecho Registral», ha manifestado.

SOHA está formada mayoritariamente por jubilados británicos, aunque hay muchos alemanes, holandeses, belgas y noruegos, que llevan en la comarca oriental malagueña alrededor de 15 años y que obtuvieron previamente sus licencias municipales para construir sus viviendas siguiendo todos los trámites que les iban pidiendo desde los ayuntamientos, «es decir, nada hicieron a espaldas de la Administración», ha añadido el presidente de SOHA.

Finalmente, desde SOHA han pedido al PSOE de Andalucía que «por coherencia» medien con sus compañeros de partido en el Gobierno central de la nación y recapaciten «porque vuelven a dejar a sus vecinos andaluces en una situación de indefensión», y por otra parte, «solicitamos al gobierno autonómico de PP y Cs información sobre el acuerdo firmado con el Gobierno central», han finalizado.

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